Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Bogotá presentaron el informe El Derecho a Defender . Dicho informe describe patrones sistemáticos de violación a los Derechos Humanos y vulneración a la protesta social en Bogotá en el año 2020.
El documento tiene en cuenta la experiencia organizativa y de acción de la Fundación Lazos de Dignidad, la Red Popular de Derechos
Humanos Bogotá y el Movimiento Alternativa, en el marco de la defensa de los Derechos Humanos en Bogotá en el 2020.
El documento atiende a la importancia de la protesta social como mecanismo político-alternativo de exigencia y garantía plena de derechos. Además, expone el desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho a la
protesta social.
Sistematicidad en los casos
El informe considera cuatro patrones que permiten afirmar la sistematicidad de las vulneraciones a la protesta social. Los patrones son: La estigmatización, allanamientos y montajes judiciales; violación a los protocolos y uso desmedido de la fuerza de parte de la Policía Nacional; violencia policial y; finalmente, agresión a personas defensoras de Derechos Humanos.
De la información proporcionada en el informe con relación a los hechos de protesta social durante el 2020, se presentó un consolidado de 686 hechos de protesta social. El mes de septiembre fue en el que más hechos se presentaron lo cual obedece principalmente a los hechos ocurridos
del 9, 10 y 11 de dicho mes, en el marco de las protestas contra el asesinato de Javier Ordoñez a causa de la violencia policial.
Esto permite demuestra una conducta sistemática, pues siendo el mes con más hechos de protesta es también el mes con mayor cantidad de casos que evidencian patrones de vulneración.
Violencia policial
Una característica común en las vulneraciones a la protesta social es el abuso y violencia policial. En el año 202 el saldo de la actuación de la policía con implicaciones de violencia es de 592 casos de violencia, la mayoría de ellos, cometidos entre el 9, 10 y 11 de septiembre.
Dentro de los 562 casos la mayoría están enmarcados en la violencia física, verbal y, procedimientos irregulares y arbitrarios. Además, se generó una ponderación diferenciada entre la gravedad del hecho y el grado de victimización del total de casos. Dentro de los casos diferenciados se establecen 6 abusos sexuales, 11 asesinatos, 11 heridos con arma de fuego y lesiones graves, 33 agresiones contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 5 agresiones contra personas trans.
La mayoría de casos ubican a personas entre los 18 y 25 años como víctimas de la vulneración a la protesta social, por lo tanto, los jóvenes son un foco de agresión. A partir de allí se demuestra persecución y estigmatización constante por parte de la institución policial.
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Sobre la impunidad
Según fuentes de la Inspección Delegada Especial de la MEBOG, hay un total de 1004 investigaciones aperturadas desde 2016. De ellas solamente se han dado 35 investigaciones, 77 suspensiones, 21 multas y 1 amonestación escrita. Es decir, solamente se ha avanzado en 134 casos, que equivale al 13% de los abusos cometidos en 5 años.
Para el 2020, pese a la denuncia de 592 hechos de violencia policial, solamente se ha avanzado en 145 casos.
En los hechos sucedidos el 9, 10 y 11 de septiembre, de los 121 casos reportados, solo 11 están siendo investigados por la Fiscalía, 8 por la Procuraduría y 1 por la Justicia Penal Militar. En contraste, 43 casos se dieron por finalizados. Lo cual, en consecuencia con el la gestión negativa de la IDE de la MEBOG, da cuenta de impunidad en los casos de vulneración a la protesta social.
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Otras dinámicas de violación a los Derechos Humanos
La parte final del informe presentó una caracterización las de las principales situaciones de violación y vulneración de los Derechos Humanos, en el marco de las dinámicas territoriales del sur de Bogotá.
El control territorial es una problemática en la que intervienen intereses económicos derivados de estructuras organizadas para el crimen de bajo impacto. Es importante destacar que, según el informe, existe una relación entre la amenaza y hostigamiento a organizaciones o líderes sociales y estructuras y organizaciones postdesmovilización del paramilitarismo.
Derecho a Defender denuncia que en muchos de estos hechos violentos se ha evidenciado la participación de efectivos de la Policía Nacional, que deberían ser la primera línea de de defensa de los derechos humanos. Aclarando que han sido múltiples las denuncias en las que se señala a integrantes de la policía en hurtos, conformación de bandas criminales, extorsión, entre otros delitos.
Respecto a la acción policiva existen múltiples denuncias por procedimientos ilegales y abusivos, sobre todo en las localidades Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.
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