Los diversos colectivos de las víctimas aseguran que estas declaraciones constituye una revictimización y pone en riesgo su lucha por el reconocimiento y sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. El 13 de julio de 2023, Elí Mendoza alias “Martín Sombra” en diligencia pública frente a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, en el macrocaso 07 sobre “reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado”, aseguró sin mayor evidencia y en un acto que contradice numerosas decisiones judiciales, que la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997, fue cometida por hombres bajo su mando en el frente “Aureliano Buendía” de la exguerrilla FARC.
Las Víctimas de la Masacre de Mapiripán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), le dicen a la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo dicho por el exFarc Elí Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, sobre la masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta, es falso ycontradice la verdad judicial e histórica.
Estas declaraciones contradicen el pronunciamiento público realizado pocos meses después de la masacre por el entonces comandante paramilitar Carlos Castaño, quien reivindicó 49 muertes y anunció que habría muchos más mapiripanes, y también los hechos probados y esclarecidos por diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales.
A lo largo de 26 años, han sido condenados 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales y otros continúan bajo investigación; decisiones judiciales que en conjunto han confirmado la responsabilidad de grupos paramilitares e integrantes de las fuerzas militares en una operación conjunta.
Igualmente, por estos hechos, fueron condenados el excoronel del Ejército Hernán Orozco Castro y el exgeneral Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la VII Brigada del Ejército, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014. En el procedimiento de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) varios exintegrantes de los grupos paramilitares aportaron detalles de la masacre.
A su vez, la Corte Interamericana de derechos Humanos concluyó, el 15 de septiembre de 2005 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la masacre, en razón de la actuación conjunta de agentes estatales con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia AUC, decisión que estuvo precedida por un reconocimiento parcial de responsabilidad.
Las víctimas han dicho que estas declaraciones «sólo contribuye a distorsionar públicamente la verdad sobre un episodio de violencia grave para el país, con el interés de favorecer a los perpetradores, re victimizando a las víctimas, sus reivindicaciones y sus memorias».
Asimismo, hicieron un llamado a la JEP para que «active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad al compareciente Elí Mendoza, dado que la falsedad de sus declaraciones configura un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la Jurisdicción transicional». Además aseguraron que este acto constituye una revictimización y pone en riesgo a víctimas y familiares que durante más 26 años, han luchado por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición».
