Fotografía Colprensa.
Este viernes 21 de mayo la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de la tutela del senador Roy Barreras y «revivió» 16 curules de paz en el Congreso de la República para las víctimas del conflicto armado Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Bolívar, Córdoba y Tolima.
Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que pasaron del ámbito político a la Corte Constitucional serán votadas por primera vez en las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022.
Roy Barreras quien interpuso la tutela contra la mesa directiva del Senado, afirmó que este se trata de un derecho fundamental a la reparación integral de 6.670.368 de víctimas en 179 municipios.
El proyecto que corresponde a lo dicho en el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 y busca «dar voz a las víctimas» del conflicto armado pondrá a las 16 curules en la Cámara de Representantes durante los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
«El Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por dos periodos electorales».
Curules de paz seguían recibiendo oposición del uribismo
La Corte que además recibió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de no revivir las Circunscripciones al «facilitar la captación de las curules por parte de los victimarios» y no «garantizar la reparación de las víctimas», voto 5 – 3 para que sí se instauren.
El proyecto que fue presentado en 2017 por Roy Barreras había quedado suspendido en ese momento porque supuestamente no alcanzaba los 52 votos exigidos para obtener mayoría en el Congreso y tener 50 a favor y otros 7 en contra.
El senador Barreras también recordó la posición de miembros del Partido Centro Democrático, como Álvaro Uribe Vélez que en su momento manifestaron que las curules “no tenían vocación de reparar a las víctimas» y demostrarían una «negación de los hechos» y una «oposición ante la Ley de Víctimas».
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