Marta Lucía Ramírez. Fotografía Vicepresidencia de la República.
El día 14 de diciembre la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Marta Lucía Ramírez dirigió una carta, publicada por ella misma en su cuenta de twitter, a la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.
El propósito de la carta es manifestar su rechazo y contrariedad al apoyo que la ONU brindó ayer a la presentación del informe sobre los hechos ocurridos en Bogotá el 9 y 10 de septiembre 2020.
Juliette de Rivero, en calidad de representante de las Naciones Unidas, asistió al evento e inclusive tomó la palabra para expresar el respaldo al proceso, que se concluyó con la admisión de responsabilidad penal de la Policía Nacional en el marco de las protestas violentamente reprimidas y que llevaron a la muerte de Javier Ordoñez.
La Vicepresidenta Ramírez, además de criticar la refrendación de la oficina supranacional, desprestigió el informe por haber sido llevado a cabo por una persona que es “actualmente aspirante político”, es decir el ex defensor Carlos Negret, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo.
La carta escrita por la Vicepresidenta
El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que Usted ostenta. En sus declaraciones, Usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional. Tratándose de un informe de un experto independiente a su oficina, actualmente aspirante político, el Gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no sólo por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones del Estado.
Extracto de la carta publicada por la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
La actual canciller afirmó también que eso podría supuestamente afectar la relación de confianza entre Colombia y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Cabe destacar que desde el principio del proceso que llevó a la publicación del informe, la ONU estuvo presente refrendando y financiando el procedimiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD también brindó apoyo administrativo, lo que parecería sugerir que en vez de una falta de confianza hubo coordinación y un común propósito de llegar al esclarecimiento de los hechos.
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