«UNP se convirtió en una agencia de espionaje». Fotografía tomada de Infobae.
Este miércoles 6 de julio el equipo jurídico del medio de comunicación Derecho de los Pueblos, presentó una denuncia pública en la que señalan que la UNP (Unidad Nacional de Protección), se convirtió en una “agencia de espionaje” que amenaza la labor y vida de defensores y defensoras de DD.HH.
Según Derecho de los Pueblos “tienen certeza de que existen seguimientos desde la UNP a defensores/as y dirigentes sociales mediante la obligación que se impuso a los escoltas de realizar dos tipos de reportes”.
Dentro de los reportes señalados están:
Primero, el “inicio de servicio que se realiza diariamente a las empresas de seguridad privada contratadas para este fin, mediante un link o enlace en el que deben informar hora de inicio y finalización de actividades de protección; lo cual incluye indicar si el protegido/a llamó o no a laborar a los escoltas, infiriendo que si no lo hace, se encuentra en su lugar de residencia”.
Segundo, el “reporte de desplazamiento a lugares distintos a la ciudad de residencia del protegido/a. En la aplicación “PASO VIP-ESCOLTA”, deben informar la hora exacta de desplazamiento y una vez se llega al lugar de destino deben enviar un informe con ubicación exacta “en tiempo real”, anexando una fotografía del escolta desde el lugar donde se encuentra el protegido/a. Este reporte deben hacerlo todos los días que dura el viaje o desplazamiento. La empresa privada de seguridad, -en este caso Sevicol (Sevis UT)-, amenaza a los escoltas, citando una clausula en el contrato en la que se indica que es causal de despido no efectuar este tipo de registros”.
Tercero, “la UNP obliga a la Empresa Privada de Seguridad para que los escoltas porten en todo momento un celular corporativo que facilita la ubicación en tiempo real donde se encuentra el esquema. Los escoltas son obligados a portar en todo momento el celular corporativo bajo la amenaza que si no lo hacen serán despedidos”.
Cuarto, “la UNP obliga a los protegidos/as a informar con 72 horas de anticipación todo desplazamiento fuera de la ciudad de origen, mediante el diligenciamiento de un formato señalando el lugar de destino, fecha de inicio y finalización de desplazamiento; lo anterior lo justifica expresando que es la única forma de autorizar viajes y el pago de los respectivos viáticos de los escoltas. Este requisito permite conocer el lugar exacto de ubicación de las y los defensores, en cualquier momento”.
Los sustentos que tiene la denuncia también son el cambio de escoltas por relevos que no son de confianza y la instalación de GPS o localizadores en los vehículos asignados a los protegidos, situación que ha sido advertida en varias ocasiones. Derechos de los Pueblos responsabilizó al director nacional de la UNP, Alfonso Campo Martínez, de acciones ilegales como el espionaje y seguimiento.
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