Fotografía: Contagio Radio.
En este último día del TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos) comunidades indígenas, negras, LGBTI, movimientos estudiantiles, líderes y lideresas sociales presentaron en Medellín los informes finales contra el Estado colombiano y sus practicas genocidas.
Según el padre Javier Giraldo, llama la atención que en esta sesión 48 del TPP el veredicto no salió este tercer día, como es usual, sino que se podrá conocer hasta dentro de dos meses. La razón según Giraldo es que el Tribunal requirió un análisis mayor del caso colombiano, pues son más de 40 informes, todos con contenidos muy fuertes y que como conjunto causan preocupación.
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Genocidio, Etnocidio y Ecocidio: La histórica realidad de Colombia
Las ponencias realizadas este 27 de marzo, denunciaron crímenes de lesa humanidad contra las comunidades, los territorios y la naturaleza. Cada bloque de este tercer día de TPP denunció como los pueblos y comunidades han sufrido la discriminación, las violaciones de territorios ancestrales y los daños al medio ambiente por parte de los factores del conflicto armado, apoyados por Estado con el fin de defender intereses económicos y políticos.
Según Astrid Torres, de la Corporación Jurídica Libertad en el informe ‘Somos semillas de esperanza y libertad. Agresiones contra defensoras, defensores, lideresas y líderes sociales en Antioquia’ existe un exterminio de la democracia, que ha acabado con la vida de las personas que resisten en los territorios para la defensa de las comunidades y sus derechos.
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Genocidio en contra de los Pueblos Indígenas
En este primer bloque de la tercera jornada del TPP la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) manifestaron como son víctimas de ataques simbólicos y físicos por parte del Estado y sus fuerzas militares.
Narraron como hay una negación identitaria en la prohibición o discriminación del porte de sus símbolos ancestrales y denunciaron que la comunidad indígena no ha recibido la atención necesaria por parte de las instituciones estatales y que incluso no pueden intervenir o hablar sobre temas de territorio, economías propias o defensa de DDHH.
El Ecocidio ha tenido una relación estrecha con el Genocidio que se ha perpetuado contra el Pueblo Bari, genocidio que «es continuado, y sigue sucediendo en el Catatumbo» en el marco del exterminio estatal por las actividades extractivistas y de conflicto armado.
Según la investigación Catatumbo, memorias de vida y dignidad «El Pueblo Barí ha servido para identificar la afectación a lugares sagrados,
exponer la situación de despojo que han sufrido, las formas como la violencia ha sido instrumento para la expropiación territorial y cultural y la imposición del modelo extractivista nacional basado en la explotación de petróleo».
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Genocidio del Pueblo Negro Afrodescendiente en Colombia
En la ponencia de los Pueblos Negros en el bloque 2, se enfatizó en la violencia que ha agobiado a las comunidades negras afrodescendientes desde los periodos de la Conquista y que hasta el día de hoy sigue presentándose. «Quedaran negros, pero no Pueblo Negro de continuarse este patrón».
Según el informe, el Estado ha instaurado y utilizado el racismo para validar el exterminio de las comunidades que defienden los territorios y a la naturaleza del extractivismo, práctica que responde a intereses de terratenientes o del mismo Gobierno de turno.
Los integrantes de la Comunidad Negra e Indígena han sido catalogados por el Estado como «seres inferiores, los no humanos y los que se oponen al desarrollo» además de ser señalados injustamente de pertenecer a grupos armados ilegales, que también recrudecen la violencia en sus territorios. «El negro es paramilitar el indígena es guerrillero» ante los ojos del Estado.
En este bloque se expuso también el genocidio perpetuado en la Operación Génesis y la Operación Cacarica en 1997, donde Paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, y la Brigada XVII del Ejército Nacional al mando del General Rito Alejo del Río hostigaron a la población durante una semana en busca de integrantes de la extinta FARC -EP.
Otro de los casos expuestos en este bloque fue el de la lideresa María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada en 2019 frente a su pequeño de nueve años tras ejercer una lucha para la restitución de tierras.
Demarcación del riesgo y el ejercicio de poder contra las mujeres trans, trabajadoras sexuales
Las mujeres en Colombia han sido unas de las principales víctimas del conflicto armado en nuestro país. Según Elizabeth Quiñonez de la Red Rojo Violeta, más de 23 millones de mujeres están en riesgo en el marco del conflicto, y Armario Abierto denuncia que las mujeres trans son también víctimas de la violencia con el aval del Estado.
Según su ponencia hay un hostigamiento policial que las ha obligado a confinarse, además de sufrir detenciones arbitrarias e injustificadas y agresiones físicas y emocionales que las hacen sentirse como muchas mujeres en el país, inseguras y con temor.
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Paramilitarismo
En el último bloque del Tribunal Permanente de los Pueblos se narraron los hechos de persecución, estigmatización y violencia ocurridos en el Bajo Cauca, en el bajo Atrato, Dabeiba y San José de Apartadó por parte de los grupos paramilitares. Según las intervenciones el 90% de las comunidades están siendo controladas por estos grupos que nacieron con responsabilidad del Estado no para «contrarrestar a las guerrillas, sino para reprimir los movimientos sociales».
Según las ponencias el «exterminio físico» coordinado en conjunto por instituciones estatales, Gobierno, Ejército y paramilitares se justificó con la doctrina de seguridad democrática, seguridad nacional y falsos positivos, donde se acusó a la comunidad de pertenecer a grupos guerrilleros, con el fin de reprimir la defensa de los territorios y los pensamientos de oposición.
La comunidad también fue sometida a un «exterminio biológico» donde tenderos fueron asesinados para evitar el acceso de alimentos y medicamentos a las zonas afectadas además denunció como las empresas han tenido influencia paramilitar creando un brecha económica en contra de la población.
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Estado colombiano: el gran ausente
Durante estos tres días de sesión, no hubo representantes ni defensa por parte del Estado colombiano. El TPP, sin embargo le otorgó un abogado de oficio que manifestó que el Estado no hace presencia en esta audiencia pública al no reconocer al Tribunal Permanente de los Pueblos como un organismo judicial al que este inscrito o del que pueda recibir una condena o sentencia.
Por otro lado el abogado defensor afirmó que el Estado ha reconocido el Genocidio Político como un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario y como un crimen de lesa humanidad. Además de realizar «investigaciones para evitar la impunidad, como parte del compromiso que tiene el Estado con el Proceso de Paz».
Según la defensa también se han creado instituciones y programas para la reparación de las víctimas y para la construcción de memoria. y el «culpar al Estado es pensar que esta constituido por una sola cabeza».
‘El pueblo se levanta por el pueblo’
Aunque el veredicto que se conocerá en dos meses es meramente simbólico y es más una condena ética y moral, las comunidades vieron en este Tribunal Permanente de los Pueblos un espacio para que se conozca la crisis humanitaria que se vive en muchos territorios del país.
Comunidades Indígenas, Negras y LGBTI hicieron un llamado al reconocimiento de los problemas que los afectaron y afectan como comunidades y pueblos y que tiene como fundamento las discriminación hacia la diversidad étnica y de género y «justifica» hechos de lesa humanidad por parte del Estado y las autoridades policiales y militares.
Ahora las comunidades exigen la reparación comunitaria, las eliminación de estructuras que forman las bases del racismo y la discriminación y reclaman el respeto por la vida de todas las personas y seres vivos que conforman la naturaleza. Además se sigue insistiendo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que logre acabar con estructuras de opresión y contribuya al desarrollo de las comunidades.
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Genocidio político: Un crimen que existe aunque no esté tipificado
Sobre este punto son varios los avances. Aunque el Derecho Nacional y el Internacional no hablan directamente de Genocidio Político como un crimen tipificado y especificado, los esfuerzos de juristas internacionales y nacionales siguen apostando al camino de que no todo lo que no está en la ley es suficiente.
Por ello, este Tribunal Permanente de los Pueblos, sigue caminando en su aporte a la evolución del derecho internacional para que crímenes tan evidentes como el Genocidio Político sigan siendo reconocidos político y socialmente.
Ahora, luego de la presentación de los casos, la sociedad colombiana, representada en cientos de organizaciones que acudieron a este tribunal, quedan a la espera de una decisión por parte de los jueces.
