Víctimas Palacio de Justicia. Fotografía Contagio Radio.
Este martes 19 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, condenó a 40 años de prisión a los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Ferney Ulmardín Causayá Peña y Luis Fernando Nieto Velandia por la desaparición forzada agravada de Irma Franco Pineda, miembro del M-19; Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, empleados del Palacio de Justicia.
Los militares que fueron señalados como coautores del delito, tendrán inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos y deberán pagar una multa de 6.150 salarios mínimos legales mensuales vigente e 2007, es decir más de dos mil millones de pesos.
El tribunal, también ratificó la condena contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en las tres desapariciones de la toma del Palacio de Justicia cuando se desempeñaba como comandante del órgano de inteligencia, B2 de la Brigada XII encargada de los sobrevivientes del hecho.
El capitán Oscar William Vásquez Rodríguez, también recibió la misma ratificación de condena de Sánchez, quienes deberán pagar una multa de 3.500 salarios mínimos legales, más de 1.500 millones de pesos y tendrán una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.
La Sala tuvo en cuenta las pruebas de que «Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del palacio de justicia con dirección a la casa del florero y, a la fecha, se encuentran desaparecidos”. Además de que “varios de los sobrevivientes que fueron separados en la Casa del Florero, fueron considerados ‘especiales’ o ‘sospechosos’, apartados del grupo general y sometidos a fuertes interrogatorios en el segundo piso de la referida casa, hasta que los llevaron a instalaciones militares, de la Policía o a las afueras de Bogotá, entre ellas a la Escuela de Caballería de la Brigada 13, con un sector asignado específicamente al B2, donde recibieron tratos crueles y degradantes para que entregaran información sobre el M-19 o la toma al Palacio”.
Le sugerimos leer: Senado de EEUU también prohibiría ayuda militar al ESMAD en Colombia
36 años esperando justicia por los desaparecidos del Palacio de Justicia
Irma Franco Pineda, tenía 28 años cuando fue desalojada y llevada a la Casa del Florero por la Fuerza Pública, la joven era estudiante de Derecho de la Universidad Libre e integrante del Movimiento 19 de abril, M-19. La versión de más empleados del Palacio, logró corroborar que Carlos Augusto Rodríguez Vera, se desempeñaba como administrador de la cafetería del lugar y fue torturado y asesinado posteriormente. Bernardo Beltrán Hernández, quien también trabajaba en dicho establecimiento como mesero sigue desaparecido.
En entrevista con CONTAGIO RADIO, René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las víctimas de desaparición, afirmó que reciben está sentencia «con mucha cautela» pues ha sido un camino lleno de obstáculos que iniciaron los padres y madres de las víctimas. «De este coronel hay evidencia y pruebas desde hace 36 años sobre su responsabilidad en las desapariciones (…) Lo hacen en un lenguaje cifrado donde afirmaban que si «aparecía el chaleco que no apareciera la manga» para ejecutar desapariciones forzados», agregó René Guarín.
Para las víctimas la condena y ratificación de los cinco militares es una muestra más de que las afirmaciones del fiscal Jorge Hernán Díaz Soto fueron equivocadas y revictimizaron a las familias y la memoria de los desaparecidos. En su momento, Díaz Soto, manifestó que no habían delito en la Toma del Palacio, sino entregas equivocadas de cuerpos.
19 de octubre, seis años del hallazgo de restos de Cristina del Pilar Guarín
René, recordó que hace seis años se le notificó del hallazgo de los restos de su hermana desaparecida y un año después, en septiembre de 2016, finalmente le fue entregada. Cristina del Pilar fue encontrada en la tumba de Marina Ferrer, quien en palabras de René fue una «visitante ocasional del Palacio» y cuya tumba fue alterada para sepultar y desaparecer a Cristina.
«El acto no lo querían hacer, me pidieron tres cotizaciones de funerarias para saber en cual me la entregaban, pero después de un año se hizo el acto de entrega, estuvo la vicefiscal de la Nación y el director de Medicina Legal y en sus palabras dijeron que se iba a abrir una nueva línea de investigación, pero nunca lo hicieron. A mí hermana yo la enterré en el Colegio Mayor de San Bartolomé, diagonal al Palacio de justicia y el caso esta totalmente quieto y no se ha movido nada».
«Estos anuncios nosotros los entendemos como unos anuncios muy políticos, pues aunque vinculan a lo coroneles y ratifican las condenas, dicen que no los pueden poner presos hasta que el caso vaya a la corte. Esta cubierto por el caso de impunidad estatal, no pasa nada, no pasa mayor cosa y ahí es clara su participación en las desapariciones», contó René Guarín.
Del caso de Cristina del Pilar se confirmó por parte de Medicina Legal que fue asesinada y no en el cuarto piso como se afirmó, sino que incluso intento ser pasada como una de las afectadas por el incendio. Las familias víctimas cumplen un año más en la lucha de tres décadas en búsqueda de la verdad y justicia el próximo 6 de noviembre.
Le puede interesar: Asesinan a Efrén España y a Luis Alfonso Narváez, lideres en Cauca
