El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación le abrió las puertas a la segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la capital. Campesinado, líderes y lideresas sociales, mujer y casos históricos, fueron algunos de los temas tratados en esta sesión.
Este viernes 26 de marzo se desarrolló una nueva sesión del juzgamiento al Estado colombiano por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Masacre de las bananeras y Masacre de Santa Bárbara
En comienzo, se denunció ante el TPP algunos casos históricos en donde el genocidio ha sido un factor común como fueron la Masacre de las bananeras y la Masacre de Santa Bárbara, en el Caribe colombiano.
En 1928, se desató una huelga organizada por la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena tras presentar un pliego de peticiones en donde exigían cosas básicas.
Seguro colectivo, habitaciones higiénicas mejores salarios, creación de contratos colectivos y vinculación directa, eran algunas de las exigencias que no fructificaron, razón por la cual los trabajadores se fueron a huelga, acto que fue interpretado como subversivo teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares veían a los huelguistas como peligrosos comunistas.
El 5 de diciembre de ese año se congregaron 4.000 obreros en la plaza de Ciénaga donde supuestamente iban a llegar a un acuerdo. Allí, se desplegó una ofensiva armada por parte del Ejército que resultó en más de 1000 trabajadores asesinados a sangre fría, según información del representante de Estados Unidos, en una carta enviada en secreto a su país.
Años más tarde, en el suroeste antioqueño se viviría una masacre similar. Renán Vega narró en un informe ante el TPP cómo el 23 de febrero de 1963 un grupo de 220 trabajadores que había exigido mejores condiciones laborales y entró en huelga, fue atacado por Fuerzas Militares.
Cuando los trabajadores decidieron evitar el paso de unas volquetas que pretendían llevar cemento a Medellín, el gobernador de Antioquia Fernando Gómez aseguró a un grupo militar que el cemento debía llegar a su destino «aunque les tocara pasar sobre los cadáveres de los obreros».
El comando del batallón ordenó una dispersión con gases y los soldados empezaron a detener a los huelguistas, que se defendieron como pudieron con piedras y ahí les empezaron a disparar.
La matanza finalizó y las volquetas avanzaron. Se allanaron casas de los trabajadores y se impuso toque de queda para la población. El saldo de la masacre fueron 12 trabajadores muertos, 100 heridos y decenas de detenidos.
Renán Vega, quien leyó el informe al TPP, señaló que estas dos masacres tienen elementos comunes como la concepción de las huelgas como acciones subversivas. El anticomunismo fue además el soporte ideológico que llevó a los empresarios y a las fuerzas armadas a actuar de esta manera.
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Partidos y movimientos políticos
Otro de los bloques del día se enfocó en el exterminio a movimientos y partidos cuyas ideas políticas han incomodado históricamente al establecimiento.
Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán, afirmó que el genocidio contra el movimiento gaitanista fue una agresión a todos los colombianos de todos los partidos.
En su informe, Gaitán expuso que este genocidio tuvo como ejecutores materiales a Fuerzas Armadas, y grupos paramilitares que el pueblo apodó ‘chulavitas‘ o ‘pájaros‘.
Los hechos intelectuales se le atribuyen al gobierno de Unión Nacional de Mariano Ospina Pérez, formado por liberales y conservadores de la oligarquía que buscaban impedir la alternancia en el poder porque el movimiento gaitanista avanzaba al triunfo.
Estos métodos genocidas fueron legitimados por el aparato estatal que los calificó como democráticos.
Dentro de la agenda del día, la congresista Aída Avella ahondó en el genocidio contra la Unión Patriótica, tema abordado en la primera sesión del TPP en Bucaramanga.
Cristian Delgado, integrante de la Marcha Patriótica, expuso ante el Tribunal cómo el ejercicio político de este movimiento ha estado manchado desde su creación en 2010 por un discurso estigmatizador que asegura que estaban infiltrados por la insurgencia armada de la guerrilla de las Farc-Ep.
Entre septiembre de 2011 y febrero de 2021, 260 integrantes de la Marcha Patriótica han sido asesinados, 75 de ellos desde que duque se posesionó.
La senadora Victoria Sandino, por su parte, habló del genocidio en curso que se está presentando contra los excombatientes de las Farc.
«Cada semana se registran entre 1 y 2 asesinatos a excombatientes sin que el estado reaccione y de garantías de vida y dignidad»
Victoria Sandino ante el TPP
La congresista habló también de las 263 personas en proceso de reincorporación que han sido asesinadas desde la firma de los Acuerdos de paz con el gobierno Santos en noviembre de 2016.
Sandino afirmó que aunque hay planes para dejar de lado la estigmatización en el papel, no hay avances al respecto y expusó ante el TPP que el país aún carga con el discurso del enemigo interno, en el que cualquier expresión de inconformidad lleva a exterminio y justifica las violaciones de DDHH.
El segundo día de sesión también tuvo bloque en relación a la violencia ejercida contra la mujer, contra líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, y campesinado.
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Putumayo y la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica
En un informe presentado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se señaló que el genocidio político del campesinado ha sido producto de la irrupción militar y paramilitar del Estado colombiano.
Para el equipo de la Comisión, hay varios factores a tener en cuenta en este genocidio contra el campesinado como la defensa de intereses extractivistas en la región, la aparición de carteles de droga, y la Ley 975 de 2005, la supuesta desmovilización paramilitar que fortaleció la relación entre militares y empresas.
En el informe se habla de cerca de 515 personas asesinadas desde los 80 y 145 casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Putumayo. Además de numerosas desapariciones, torturas y más de 50.000 personas desplazadas.
Por otro lado, el informe de la Comisión resalta los impactos ambientales en la región como consecuencia de una operación petrolera que durante años ha afectado la producción de agua del ecosistema amazónico.
«Los campesinos expresan anhelo por la construcción de un plan de desarrollo sostenible donde se les escuche y se recojan sus ideas de protección ambiental y soberanía alimentaria, y exigen sanciones que restauren lo destruido».
Representante de la Comisión de Justicia y Paz ante el TPP
Al final de la presentación del informe, dos delegadas de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, reiteraron su compromiso con la paz y con el medio ambiente a través de un acto simbólico, exponiendo que el futuro del campesinado está en nuestras manos.
Siga conectado a las transmisiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que mañana tiene su tercera y última sesión desde Medellín.
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