El pasado 31 de diciembre, la Unidad de Restitución de Tierras profirió una resolución donde incluye en el registro de tierras despojadas los terrenos donde se construiría el Puerto Internacional de Pisisí en el Urabá Antioqueño. Esta resolución le da garantías y establece la calidad de víctimas a las familias reclamantes de tierras. Además, en ella se señala que hubo violencia sexual, tortura, amenaza, desplazamiento y persecución política, ya que algunas de las víctimas pertenecían a la Unión Patriótica.
La concesión del Puerto Internacional de Pisisí fue otorgado a la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisi- Pisisi S.A. en el 2018, pero no se había ejecutado, ya que el proyecto se encontraba inmerso en el proceso de restitución de tierras de 6 familias que tenían sus hogares en la vereda Casanova, a unos 5 minutos del casco urbano de Turbo, predio donde se pretendía realizar la obra por parte de la mencionada empresa.
Las familias parceleras, tuvieron que abandonar o vender a muy poco precio, en algunos casos, sus predios por las constantes amenazas, hostigamientos, asesinatos, y diversas violaciones a los derechos humanos a las que fueron expuestos por parte de grupos paramilitares durante los años 93 al 2003. Posteriormente, en el año 2015 la titulación de los predios pasa a ser dominio de la empresa Pisisi S.A.
Con esta resolución finaliza la primera etapa de carácter administrativo, un paso muy importante en este proceso, al establecerse la calidad de víctimas y reconocer la afectación de estas estas personas, no solo al perder sus tierras sino a sus familiares, quienes fueron asesinados, al estar implementando labores de agricultura en sus predios. Ahora, se espera que inicie la segunda etapa, la judicial, donde se dé plena reparación a las víctimas.
La Fundación Forjando Futuros, quienes actúan como abogados de las familias víctimas de despojo, exige al gobierno colombiano que se respete dicha resolución y se garantice el derecho a la tierra y a la vida. Además, que se restablezca el derecho al buen nombre de las 6 familias víctimas, quienes han sido objeto de persecución mediática, al generarse entorno a ellas la idea de ser falsos reclamantes de tierras y estar perjudicando el avance económico de la región, por estar en pausa las obras para la construcción del puerto.
Hoy, el Estado reconoce estos vejámenes y se espera que cese la campaña de desprestigio contra las familias involucradas en este proceso y que se les conceda la debida reparación integral, en su calidad de víctimas.
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