Fotografía de AFP.
Nuevamente cobra vida el Decreto 304 del 2021, que facilitó el reconocimiento de como sujeto político a la Unión de Resistencia Cali, Primera Línea Somos Todos, para interlocutar con la alcaldía de esa ciudad.
La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, suspendió la medida cautelar del 11 de junio que anulaba el acuerdo del día 31 de mayo, respondiendo a una demanda de la abogada María del Mar Machado Jiménez, que ha representado intereses de sectores empresariales en otros procesos penales contra el movimiento popular.
La decisión de la jueza Lorena Martínez Jaramillo del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali que suspendió los efectos del decreto con una medida cautelar fue fuertemente criticada por varios sectores sociales y de defensa de los DDHH.
El Acuerdo además de propiciar el diálogo con la UCR distensionaba el ambiente de la ciudad con salidas distintas a la represión y la militarización ordenada por el presidente Duque.
Decreto 304 se revivió por la vía de la Tutela
Aunque la Alcaldía de Cali acató la decisión de la jueza y anunciaba medidas de apelación para continuar con el decreto, el abogado Armando Palau, quien representó a más de 150 jóvenes que forman parte de la URC, presentó una acción de tutela que exigía la protección de los derechos a la vida, integridad personal, debido proceso, libertad de opinión y a la protesta social.
De acuerdo con el abogado Palau, la medida cautelar no tenia fundamento, pues alegaba el derecho a la movilidad, cuando la ciudad no estaba totalmente bloqueada y cuando incluso habían más de 20 puntos desbloqueados a raíz de la conversaciones entre la administración de Jorge Iván Ospina y la UCR.
«Esto ha generado mucho entusiasmo, pero tenemos que saber jugar contra el tiempo. Sabemos que el establecimiento está en contra de este legítimo coraje y convicción con la que la juventud caleña viene ejerciendo su legítimo derecho constitucional a la protesta. Esto le da oxigenación, había un poco de desencanto, porque había una puja de 15 días para que se expidiera un decreto con esas garantías y se hecha por la borda»
Abogado Armando Palau
El jurista que representó a las UCR también reconoció en Contagio Radio que hay una crisis en la justicia colombiana y esto se refleja en los fallos «que no cumplen con los rigores mínimos» como el de la jueza dieciséis administrativa, pero celebró la utilización de mecanismos legales para cuestionar las decisiones judiciales.
Por ahora los jóvenes que conforman las 26 líneas unificadas en la UCR esperan el fallo constitucional que profiera una medida definitiva frente a la tutela presentada. Para Armando Palau es fundamental la continuación del diálogo entre manifestantes y Alcaldía. «Es un logro muy importante porque permite establecer nuevamente el diálogo» Agregó que brinda un espacio a los jóvenes para interlocutar con la institucionalidad».
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