Septiembre 2021. Fotografía Twitter @CamaraColombia.
Septiembre 2021 se abrió con un impactante anuncio procedente del Gobierno. Después de todas las violencias registradas en las movilizaciones se daba vía libre a la creación de un “frente de Seguridad Ciudadana”. Esta red habría tenido el respaldo de empresarios y habitantes de la ciudad. Lo que preocupaba sobre esta propuesta era que tenía una metodología similar a la que había creado el paramilitarismo en Colombia. Las preocupaciones abordaban los antecedentes de este tipo de operaciones, en que los poderes de fuerza pública en manos de civiles se convirtieron en un elemento de daño y de erosión del Estado de derecho y democrático en el país.
El caso Abudinen y un triste récord de Colombia
Mientras Argelia, municipio del Cauca, vivía su decimotercero desplazamiento forzado en el año, la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, abandonaba su cargo. Funcionarios del Gobierno Nacional determinaron que era necesario que la ministra se retirara y diera la razón a los senadores y representantes de oposición que señalaban que ninguna meta del MinTIC había sido alcanzada. Eso significaba la pérdida de más de 70.000 millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación había anunciado unos días antes, que abriría una investigación disciplinaria formal a Karen Abudinen, por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, consorcio con el que supuestamente llevarían internet a 7 mil escuelas rurales en 15 departamentos del país.
Crecen dudas sobre la imparcialidad en la investigación de Procuraduría contra Karen Abudinen
Iván Duque pide la renuncia de Karen Abudinen tras escándalo con la UT Centros Poblados
Las denuncias internacionales relativas a las violaciones de DDHH en Colombia seguían. El informe La Última Línea de Defensa, publicado en septiembre por la organización Global Witness, examinaba la situación de seguridad de ambientalistas y defensores de los territorios en todo el mundo. Colombia resultó el primer lugar del mundo en el que es más peligroso ser defensor ambiental. Según la plataforma, durante 2020, 65 ambientalistas fueron asesinados en Colombia, más del doble de la cifra de México. Además, Global Witness señalaba que las empresas eran las principales responsables de los asesinatos.
Empresas son principales responsables de asesinatos de ambientalistas: Global Witness
Desfinanciamento del Acuerdo de Paz
Luego de que se aprobara el Presupuesto General de la Nación, organizaciones de DDHH y congresistas expresaron su preocupación y su descontento con la asignación que el Gobierno hacía para las entidades del Acuerdo de Paz. El presupuesto general del 2022 no contemplaba la posibilidad de continuidad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y reducía rubros como el que se destinaba a la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito o la protección de líderes sociales. El desfinanciamiento del Acuerdo de Paz había sido progresivo. Desde la firma se había reducido el presupuesto en por lo menos 6 billones de pesos y aún no se alcanzaba la meta de cumplimiento del acuerdo en un 50%.
Presupuesto para la paz ha sido reducido en 6 billones desde el Acuerdo
Duque cuestionado en el mundo
Fuertes manifestaciones de rechazo al Gobierno colombiano fueron llevadas a cabo en España tras la polémica censura en contra de escritoras y escritores colombianos que fueron denominados «no neutros» por el embajador de Colombia en España. Organizaciones sociales, sectores políticos y librerías españolas se manifestaron en contra de la visita de Iván Duque al país europeo en ocasión de la Feria del Libro de Madrid. Cientos de ciudadanos participaron de protestas en rechazo a los comentarios del embajador y la actitud del Gobierno Nacional frente al tratamiento dado a las manifestaciones. Cómo consecuencia de las multitudinarias muestras de rechazo el presidente Duque decidió no lanzar su libro sobre la economía naranja durante el evento.
El Gobierno de Iván Duque es «ilegal, ilegitimo y no respeta los DDHH»: Iván Forero
Otras críticas importantes llegaban de Estados Unidos, donde la Cámara Baja aprobaba dos enmiendas propuestas por Alexandria Ocasio-Cortez en las que se prohibía el envío de fondos para las fumigaciones en Colombia y también la venta de armamento, entrenamiento o cualquier tipo de apoyo al Escuadrón Móvil Antidisturbios. La aprobación de estas dos medidas era un mensaje muy claro de que en EEUU recibieron las noticias en torno a la falta de garantías en Colombia para la protesta social, y la preocupación por el alto número de violaciones de DDHH, asesinatos de líderes sociales y de líderes indígenas, el recrudecimiento de la guerra contra las comunidades y la poca voluntad política por parte del gobierno para implementar el Acuerdo de Paz.
Cámara Baja de EEUU prohibió fondos para fumigaciones y para el ESMAD
ESMAD superó a grupos armados ilegales en delitos contra los ciudadanos
El 23 de septiembre el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, presentó su informe semestral de derechos humanos. El accionar desproporcionado de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional era uno de los factores más preocupantes que plasmaba el informe. En el documento se afirmaba que la Policía Nacional, especialmente uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, habían sido el mayor vulnerador de DDHH, incluso más que grupos armados ilegales. En los primeros seis meses del año, el Cinep encontró que eran 926 las personas heridas, amenazadas de muerte, violentadas sexualmente, desaparecidas y detenidas irregularmente por la Fuerza Pública.
Policía Nacional superó a grupos armados ilegales en violaciones de DDHH según Cinep
