La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Magdalena y procesos de los Santanderes – CISBCSC, publicó un comunicado en el que señala que «las comunidades están aterrorizadas, ya que se encuentran sitiadas y confinadas por los paramilitares».
La CISBCSC dio a conocer un comunicado en el que denuncia ante la comunidad nacional e internacional, organizaciones sociales y demás entes correspondientes, una serie de violaciones a los derechos de comunidades del Sur de Bolívar.
«Las comunidades de Mina Brisa, Casa de Barro del municipio de Norosí y las minas ubicadas en la quebrada del Firme, Mina Plana, La Nutria y la vereda El Tigre del municipio de Tiquisio están aterrorizadas, ya que se encuentran sitiadas y confinadas por los paramilitares»
Comunicado CISBCSC a través de su cuenta de Twitter
Según el comunicado, la presencia paramilitar en la zona se ha denunciado desde 2018. En enero se presentaron algunos hechos que tomaron fuerza en estos últimos días y han aumentado la tensión hacia los pobladores de estos municipios.
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Los sucesos que incomodan y generan miedo en la comunidad
Hace 3 años han llegado paramilitares a territorios como El Firme Alto y Mina Plana con la intención de afectar el medio ambiente. Más de 14 retroexcavadoras han entrado a estas zonas y los daños son incalculables.
Los días 6 y 27 de enero hubo presencia de paramilitares armados que, vestidos de civil y con uniformes de militares, extorsionaron comerciantes y revisaron celulares de los pobladores para intimidar y dejar claro que están haciendo presencia en la zona.
Grupos paramilitares han convocado reuniones con los pobladores
«Llegamos para quedarnos, vamos a controlar política y económicamente, para vigilar los ladrones y los viciosos; la comunidad tiene que pagar los impuestos establecidos por ellos, impuestos por frente de trabajo, entable y gramo de oro vendido»
Expresan paramilitares, según el comunicado.
También aseguran que en los primeros días de marzo, la presencia de grupos paramilitares en estos territorios ha sido una constante a pesar de la militarización que debería responder por la seguridad de la región.
En el comunicado se expone que personas «portando uniformes como los usados por el Ejército Nacional» y brazaletes con las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), han rondado estas zonas.
Ante la delicada situación, la comunidad y la CISBCSC exigen respuestas del Estado. Además, hacen un llamado a la solidaridad por parte de organizaciones sociales y esperan que la Fiscalía tome cartas en el asunto.
«Exigimos garantías de protección a las comunidades y a la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, Magdalena y los procesos de los Santanderes, ante posibles represalias que puedan ocurrir por las denuncias realizadas por violaciones de derechos humanos que persisten en esta región», concluye el comunicado.
Adicionalmente se ha conocido una grave denuncia sobre los mecanismos de silenciamiento en contra de las comunidades y que estarían usando los grupos paramilitares.
Según el comunicado, los grupos armados están pagando un millón de pesos a quien les de información sobre las personas que están denunciando su presencia.
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