La comunidad indígena de Turriquitado Alto tuvo que desplazarse hasta Turriquitado Llano, Antioquia, debido a las amenazas que recibieron por parte del ELN.
48 familias y 186 personas del Pueblo Embera Eyábida tuvieron que buscar refugio desde el pasado 2 de marzo para salvaguardar sus vidas.
En esta situación, hay que resaltar que el desplazamiento no se hizo hacia el casco urbano del municipio, ya que un mecanismo de resistencia de la comunidad indigena es no abandonar sus tierras ancestrales, por lo tanto el desplazamiento fue al interior del Resguardo Río Murindó y Río Chageradó.
La problemática de este territorio se viene aumentando desde el año 2019, donde las múltiples violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario se cometen por grupos armados al margen de la ley, que se disputan el territorio y delinquen en esta zona del departamento.
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La situación de las comunidades indígenas es alarmante
El boletín de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) expresa que a través de sus Sistema de Alertas Tempranas se estableció que por la misma razón de la comunidad indígena de Turriquitado Alto, estarían en riesgo de desplazamiento hacia la comunidad Isla, las comunidades indígenas Gorrojo (150 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas).
Estas personas corren un alto peligro, ya que en el mismo boletín advierten que las familias indígenas están sometidas a desplazarse en medio de campos con minas antipersonal, puestas por el ELN desde el mes de enero.
Las 48 familias de la comunidad de Turriquitado Alto, así como las familias que reciben a los desplazados en Turriquitado Llano, carecen de alimentos y agua potable.
A esta realidad se le suma que la comunidad tiene mujeres gestantes, neonatales, niños y jóvenes que se pueden ver afectados por una crisis sanitaria ocasionada por esta situación en medio de la pandemia.
Por esta razón, la OIA pide que las instituciones competentes agilicen la entrega de alimentos y que hagan llegar una misión médica que pueda lograr acercarse hasta el lugar donde se encuentra la comunidad desplazada.
Por otro lado, también resalta que hay otras 11 comunidades indígenas que están en riesgo en ambos resguardos.
Por este motivo la OIA solicita de manera urgente que una comisión de verificación interinstitucional de derechos humanos corrobore los riesgos y el desplazamiento masivo que se está presentando.
Las comunidades indígenas de este territorio corren graves peligros en contra de su vida, donde ya han sido afectados por las minas antipersonal.
El 1 de marzo de este año Plinio Dogarí Majoré, de la etnia Embera Eyabida fue víctima de una mina antipersonal, que tuvo como consecuencia la amputación de una de sus piernas por la gravedad de las heridas.
Las minas antipersonal han sido instaladas alrededor de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó por integrantes del ELN, acción que ya había sido avisada a las comunidades mediante panfletos que exigían a la comunidad estar confinadas.
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Esta situación se pudo evitar
Desde 2020 se hizo una Alerta Temprana a la Defensoría del Pueblo por el riesgo que afronta las 11 comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó.
El riesgo hacia las comunidades se presenta por el enfrentamiento del ELN y el grupo armado post desmovilizado de las AUC, A11GC.
Además, la Alerta también aclara la contaminación del territorio y presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).
En esta Alerta Temprana se señala el tipo de conflictos y agresiones que han tenido las comunidades indígenas en este resguardo. En febrero de 2020 asesinaron a un joven de 17 años, hecho perpetrado por el ELN debido a las acusaciones de ser informante de las AGC.
En febrero de 2020 se denuncia el ataque con explosivos a miembros del Ejército Nacional que estaban patrullando la vereda Turriquitado.
Entre el 6 y 10 de marzo de 2020 se registraron combates entre las AGC y el ELN en el sector conocido como el Tigre, que está cerca a la comunidad indígena de Coredó, en el Resguardo Río Murindó.
Entre 15 y 16 de marzo de 2020 se volvió a presentar otro enfrentamiento en el mismo territorio. Los pobladores tenían que estar resguardados y en un complejo confinamiento que afectaba la integridad física y territorial de la comunidad.
Aun así, también se denuncia que la población ha sido señalada por ambos grupos de colaborar con el bando contrario, poniéndolos en una situación de peligro.
Dentro de las recomendaciones de la Alerta Temprana se pidió que se adopten las medidas urgentes y de protección para la prevención en contra de más vulneraciones a los derechos humanos de estas comunidades indígenas del municipio de Murindó, Antioquia.
Recientemente la Comisión de Justicia y Paz denunció que los habitantes del Territorio Colectivo de Cacarica habían manifestado el temor a ser afectados por el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares de Colombia con las estructuras paramilitares de las AGC.
En consecuencia a los enfrentamientos, civiles denunciaron a esta misma organización que hay actuaciones militares para ejercer presión sobre las personas del territorio con el fin de ubicar los lugares de operación de las AGC, las cuales son totalmente conocidas por los militares.
La Comisión de Justicia y Paz afirmó que el presidente Duque desconoció la propuesta de Acuerdo Humanitario Global por COVID-19 desde marzo de 2020 que hizo la comunidad por el exponencial control de la AGC que se preveía que iban a consolidar durante la pandemia.
Por otro, lado la misma organización ha denunciado que la visita a Cacarica del Alto Consejero Presidencial, Francisco Barbosa, no tuvo un efecto real sobre el territorio para las comunidades negras e indígenas.
También añadió que en materia de investigación y protección, los compromisos con la CIDH no se han cumplido hasta el momento. En ese mismo sentido la Comisión recalca que la sentencia de la Corte Interamericana ha sido un largo proceso de desconocimiento y revictimización.
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