Este viernes 12 de marzo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó manifestó a través de un comunicado su preocupación por la situación que viven los y las menores de edad en esta zona del Urabá antioqueño.
Según la carta conocida por Contagio Radio el clamor de la comunidad se ha extendido durante más de 20 años, pidiendo la intervención de organizaciones de DDHH nacionales e internacionales, para que se exija al Gobierno de turno respuestas ante el conflicto vivido a causa de la presencia paramilitar.
El comunicado resalta su responsabilidad por dar a conocer las problemáticas que azotan sus territorios, denunciando que desde febrero de este año se vienen presentando intentos de abuso sexual a menores de edad.
El 2 de febrero se conoció que dos niñas de 11 y 13 años fueron víctimas de acoso por parte del paramilitar que responde al alias de «Samuel», quien les ofreció sumas de dinero para someterlas y accederlas sexualmente. Lo anterior además se ha presentado en otras ocasiones.
Paramilitares difunden el miedo
El acoso hacía las menores de edad no es la única problemática que esta enfrentando San José de Apartadó. Según la Comunidad de Paz, hay jóvenes manipulados por parte de los grupos paramilitares y el mismo Ejército, para incurrir en la comercialización de drogas y después ser amenazados y justificar los actos de violencia, entre ellos los desplazamientos forzados a la población.
«El anterior comandante de la Estación de Policía de San José, tenía una relación muy cercana con los paracos en el tema de drogas… El nuevo comandante llegó, entró y siguió el hilo, la misma línea exactamente igual al anterior, pareciera que todo está ya cuadrado».
Habitante de San José de Apartado.
En el paraje Las Claras el 10 de febrero los paramilitares convocaron a una reunión a todos los habitantes de la zona, para advertir que debían acatar sus normas o los pobladores se verían obligados a abandonar sus tierras. También se denuncia que se establecieron nuevas vacunas (impuestos ilegales) y se prohibió la caza y pesca sin autorización previa de los paramilitares.
Los paramilitares también estarían amenazando a diversas personas a través de las redes sociales. El grupo armado instaura ahora un «nuevo orden económico y social en la región».
¿Quién defiende a la comunidad de San José de Apartado?
Hace unos días se conoció el polémico nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo en Urabá, lo causó mayor preocupación en los líderes, lideresas sociales y defensores de DDHH, pues Rendón responde a intereses empresariales y es uno de los principales opositores de la restitución de tierras.
Jonathan Orozco, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresó para Contagio Radio su incertidumbre ante este nombramiento, según sus afirmaciones esto desencadenaría una desconfianza por parte de la comunidad ante la Defensoría del Pueblo. Incluso, líderes y lideresas sociales ya han reconocido su intención de romper cualquier vínculo con la entidad que está para garantizar sus derechos y hacer alarmas tempranas de las problemáticas que aquejan la zona.
«La confabulación entre las fuerzas armadas y su brazo paramilitar, no puede sino sumar crímenes a crímenes contra la población civil, prácticas que no cambian y que muestran una desvergonzada e impúdica contumacia y complicidad de todas las instituciones; no vale dejar constancias en la Presidencia de la República, en todas las altas Cortes; la misma Defensoría del Pueblo ya fue corrompida hasta el fondo».
