En una carta conocida este 18 de enero, firmada por Salvatore Mancuso confirmó que todo lo dicho por Benito Osorio es cierto y además ratificó que todas estas declaraciones ya se encontraban en los tribunales creados por la ley 975 o de Justicia y Paz, pero que en su momento no se tuvo la capacidad o la voluntad por parte de la Fiscalía para investigar y sancionar los crímenes confesados por los integrantes de los grupos paramilitares.
Mancuso, quien sigue recluido en una de las cárceles de Estados Unidos, aseguró que los hechos se dieron en el marco de una alianza entre paramilitares, militares, gremios y políticos, que ha tenido alcances nacionales que la sociedad colombiana no se alcanza a imaginar, relata Mancuso.
Una de las situaciones que generan serias dudas sobre la orientación de la Fiscalía para la judicialización y el esclarecimiento de estos crímenes, es que ya estas versiones con argumentación suficiente ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades desde hace cerca de 16 años sin que se conozca si hay avance o no por parte de las autoridades.
Estas declaraciones y su repercusión en el proceso judicial que adelanta la JEP comprueban una vez más que justicia y paz se quedó corta para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
Carta de Salvatore Mancuso
Piden celeridad en la Fiscalía para que se esclarezcan los vínculos de paramilitares y ganaderos
Son varias las voces que se suman para exigir a la Fiscalía que se adelanten las acciones necesarias para establecer la responsabilidad de Laforie, de Iguarán y de Uribe en los crímenes relatados por Benito Osorio, sin embargo, hasta el momento no se conoce una respuesta o una acción oficial por parte del ente investigador que habría tenido el acceso a estas versiones desde hace más de 16 años.
Del mismo modo se pronunció el director de la Fundación Paz y Reconciliación quien aseguró que las investigaciones y las denuncias por el actuar de los ganaderos son de vieja data y que ya se debieron haber emprendido las acciones necesarias por parte de la Fiscalía.
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