El 16 de marzo se presentarán los resultados de una investigación que evidencia patrones sistemáticos en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas y ex integrantes de FARC en cuatro regiones del país.
La mencionada investigación, llevada a cabo entre el 1° de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, expuso que en ese periodo 255 personas fueron víctimas de homicidio, 213 de ellas personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes de las FARC-EP.
Los estudios se desarrollaron en las regiones del Norte del Cauca, en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano, en el sur de Córdoba, y en el nordeste y bajo Cauca Antioqueños.
Esta investigación se enfocó en aspectos como el incremento en los hechos de violencia contra líderes, lideresas y excombatientes, y las zonas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs).
Así mismo el informe se concentró en las regiones que fueron priozadas para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Dichas zonas han sido definidas porque serían estratégicas para actores armados, económicos, políticos y militares en disputa por el control social y territorial. Además, son territorios con conflictos ambientales, conflictos por la propiedad de la tierra y el uso del suelo.
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Los patrones sistemáticos identificados en la investigación
De acuerdo a lo investigado por la Comisión de Justicia y Paz, ColJuristas, Somos Defensores, Indepaz y Forjando Futuros con el apoyo de Protección Internacional, OXFAM Y DIAKONIA, se hallaron patrones de sistematicidad, estigmatización e impunidad.
En los 213 casos de víctimas, es decir defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, se evidenció que hacían parte de sectores comunales, indígenas, políticos, campesinos y sindicales.
Las amenazas constantes responden a la estigmatización hacia un sector de la población, que puede resultar en futuros asesinatos, desplazamientos forzados y hasta torturas o desapariciones.
La información documentada permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo que indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición.
De los casos estudiados, la Fiscalía General de la Nación no aportó información sobre las investigaciones en términos de desarticulación de las organizaciones criminales, que se presume están tras esos crímenes.
Para conocer a detalle el informe, conéctese desde las 8:30am de este martes en las cuentas Facebook Live de las organizaciones convocantes.
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