Anderson Gaviria. Fotografía Contagio Radio.
Desde el año 2017, Betty Adriana Ruano Pérez y su hija, Julieth Dajany Gaviria Ruano, han esperado el acto de reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y el Gaula de Magdalena, en el que reconozcan su responsabilidad en el asesinato de Anderson Antonio Gaviria Sánchez. La Comisión de Justicia y Paz, que representa a la esposa e hija de Anderson, manifestó que tras cuatro años de espera el proceso sigue presentando dilaciones.
Durante 10 años, Anderson Gaviria formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y junto con su esposa Betty Ruano, quien también fue guerrillera, se desmovilizó en el año 2004 en Putumayo. Anderson y Betty se acogieron al programa de reincorporación en el marco de la ley 418 de 1997 y como fruto de su relación nació Julieth.
A pesar de sus deseos de iniciar una nueva vida al lado de su familia, en el 2006, el Ejército Nacional informó de la «baja en combate de 5 guerrilleros en el corregimiento de Sevillano, jurisdicción de Ciénaga, Magdalena», dentro de las víctimas estaba Anderson. Por su parte, el Gaula de Magdalena, afirmó que la «Operación Antorcha» en la que fueron asesinados los 5 hombres, se daba en contra de extorsionistas.
Pese a que Anderson fue señalado falsamente, durante todo este tiempo, Betty ha logrado demostrar una serie de incongruencias en los testimonios del Ejército, además de señalar que su esposo no era un extorsionista, sino que apoyaba a la Fuerza Pública en los operativos contra la guerrilla de la que una vez fue parte.
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Tribunal Administrativo del Magdalena encontró responsables al Estado, MinDefensa y a la Fuerza Publica por el asesinato de Anderson Gaviria
El 10 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia condenatoria, declaró administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejercito Nacional, por el asesinato de Anderson Gaviria. En la decisión se condenó a los responsables «al pago de indemnización por los perjuicios morales y materiales causados».
En una sentencia del 6 de julio de 2017, el Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Magdalena y señalaba que el Estado, el Ministerio el Ejército y el Gaula deberían llevar a cabo una ceremonia de reconocimiento y perdón como parte de la reparación de los familiares de Anderson.
Con el dolor del asesinato y las trabas de dichas instituciones, Betty y su pequeña siguen sin ser reparadas a pesar de su interés en llevar a cabo el acto de reconocimiento. El equipo jurídico de la Comisión de Justicia y Paz, también ha acudido a varios mecanismos para que el evento finalmente sea realizado y contribuya a la no repetición de estos crímenes en contra de los derechos humanos. Sin embargo, la organización también ha informado de que tal acto se ha programando en tres ocasiones (27 de septiembre, 23 de octubre y 23 de noviembre) y de la misma forma ha sido suspendido.
La Comisión manifiesta que la institucionalidad no ha tenido la disposición de cumplir con lo ordenado y que pese a la voluntad de las víctimas no ha actuado de buena fe y se han escudado en que la manifestación del fallo por parte de la familia feneció a dos meses de esta. Por ahora, tanto la organización como Betty, esperan que estas actúen de la mejor manera y resarzan los daños causados.
Dentro de las exigencias de las víctimas, también están el pago de los viáticos del viaje desde Bogotá a Magdalena, la alimentación, el hospedaje y esquemas de seguridad para Betty y sus hijos, quienes no podrían costear los gastos y quienes también demostraron que deben ser asumidos por los responsables.
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