En un comunicado público, en el que también se anunció la creación de la red Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia (SIZOCC), las comunidades religiosas, obispos y organizaciones de fe, reiteraron las denuncias por afectaciones graves a territorios indígenas y negros y a sus habitantes, que sufren en medio de la guerra y los daños ambientales por la explotación minera.
En concreto estas comunidades religiosas aseguran que persisten el reclutamiento forzado, los asesinatos y amenazas contra los líderes y situaciones de desplazamientos forzados debido a los daños por la explotación minera de Cobre, las víctimas de minas antipersona y los confinamientos a los que están sometidas varias comunidades por parte de tres actores. Las empresas mineras, los paramilitares y el ELN
Además, señalaron que la Fuerza Pública no estaría adelantando su labor de combatir y desmontar el paramilitarismo pues según ellos y ellas pues “a pesar de la presencia de las autoridades, no se evidencian actuaciones efectivas tendientes a su desmantelamiento”.
Varias de estas denuncias y propuestas ya habían sido expuestas por organizaciones presentes en las regiones como la Comisión de Justicia y Paz y la Organización Indígena de Antioquia, sin embargo, las respuestas por parte del Estado, el gobierno y las FFMM no han sido efectivas.
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Red de Solidaridad de comunidades religiosas anuncia misiones humanitarias
La red, que está conformada por 26 organizaciones, entre ellas las misioneras de la Madre Laura, la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y las diócesis de Apartadó, Quibdó y de Itsmina-Tadó; la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, la Iglesia Presbiteriana entre otras comunidades de religiosos del país y latinoamericanas, anunció que desarrollará misiones humanitarias a los territorios para acompañar a las comunidades que están sufriendo estos flagelos.
Como una serie de exigencias pidieron al gobierno nacional que cumpla con sus labores constitucionales para brindar la ayuda humanitaria necesaria a los y las afectadas, y también que se garantice el derecho a la paz.
Para ello pidieron que se faciliten e impulsen acuerdos humanitarios regionales, incluyendo un desminado humanitario, que se adelanten negociaciones de paz con el ELN, y de manera enfática pidieron a la Procuraduría que “rompa su silencio” frente a las situaciones en que se evidencia acción u omisión por parte de la Fuerza Pública.
“A la Procuraduría General de la Nación, romper su silencio frente a las actuaciones de los grupos armados y la posible responsabilidad por acción, omisión y aquiescencia de la Fuerza Pública en la situación que padecen las comunidades.”
Comunicado
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