Fotografía tomada de @IAP_Colombia.
Entre el viernes 20 y martes 24 de agosto, más de 30 organizaciones de procesos de reincorporación, comunidades indígenas, afro y campesinas, congresistas y excombatientes participaron del Refugio Humanitario realizado en la ciudad de Popayán, Cauca. Según Juan Camilo Londoño, secretario de Economías Sociales del Común, Ecomun y Amanda Ríos, promotora del espacio, esta fue una medida extraordinaria para exigir garantías de vida para los firmantes de paz.
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Para Amanda Ríos, lo más destacado del encuentro fue la visibilización de los asesinatos en contra de excombatientes en proceso de reincorporación en Colombia y particularmente en el Cauca. De acuerdo a la información proporcionada en el Refugio Humanitario, el departamento está viviendo una ola de violencia notable en las cifras de homicidios, amenazas y desplazamientos forzados.
En este 2021, Cauca ha tenido 11 masacres y 14 desplazamientos forzados masivos, que han afectando a 4.247 personas. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, también registró 35 asesinatos de excombatientes en este año, de los cuales siete ocurrieron en ese departamento.
La organización también cuenta un total de 284 asesinatos de excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FACR-EP y el Gobierno Nacional en 2016.
Logros del Refugio Humanitario
Amanda Ríos, afirmó que los grandes logros del Refugio Humanitario fueron la orden de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que llamó a las instituciones a formar una mesa técnica que presente una estrategia para garantizar la seguridad de los excombatientes que están en las Nuevas Áreas de Reincorporación.
Esta mesa también debe diseñar una estrategia de reubicación de los excombatientes, y sus familias, que hayan salido de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) garantizándoseles la protección de su vida, la libertad, salud, la vivienda y el acceso a los proyectos productivos.
«Tenemos una grave situación de violencia contra los colectivos que estamos agrupados en cooperativas o asociaciones, algunas se han tenido que desplazar completas dejando botados los proyectos productivos de reincorporación y las actividades económicas colectivas. Este tema ya se vuelve urgente, todos los días tenemos personas asesinada, amenazadas, desplazadas».
Juan Camilo Londoño, secretario de Economías Sociales del Común, Ecomun.
Según la orden de la JEP, la mesa técnica estará conformada por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Defensa – Comando Conjunto Estratégico de Transición, el Ministerio del Interior, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación – UEI, la Defensoría del Pueblo, las gobernaciones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Procuraduría Delegada ante la JEP, un delegado del Partido Comunes de cada departamento y el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU.
«La sentencia del Tribunal de la JEP fue muy favorable a entender la situación que estamos viviendo (…) Esto puede ser una luz muy importante en esta crisis humanitaria que viven los territorios en el país».
Amanda Ríos, excombatiente de las FARC y promotora del Refugio Humanitario.
La JEP, también ordenó al Ministerio de Defensa, proteger los lugares en los cuales se ejecutan proyectos productivos de los excombatientes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, así como garantizar la integralidad de la población que ha salido de los ETCR, mientras son reubicados.
Por su parte, las tres gobernaciones de estas regiones, con la participación de los Consejos Territoriales de Paz, deberán implementar una estrategia para la no estigmatización de los excombatientes. El director de la Agencia Nacional de Reincorporación en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades competentes, además deberá presentar un plan de acceso a la propiedad para el reasentamiento de la población de excombatientes y el desarrollo de sus proyectos productivos.
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Ruta integral para la generación de esperanza en Argelia
Otro de los avances comentados por Amanda Ríos para Contagio Radio, fue la aprobación de la JEP del plan piloto de seguridad y protección de excombatientes que se realizará en el municipio de Argelia, Cauca y que según la senadora Victoria Sandino, será una guardia comunitaria que buscará realizar acciones en pro de la vida y los proyectos productivos de los excombatientes.
La JEP también expresó que es importante conocer la sistematicidad de los 284 asesinatos a excombatientes y garantizar la vida de las y los que buscan la construcción de paz en el país. “No habrá paz estable y reconciliación genuina sin un esfuerzo común de todas las instituciones que estamos aquí, para cumplir de buena fe lo acordado en los mandatos legales y constitucionales que tenemos», manifestó la magistrada Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares.
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Comisión de Paz respaldó las propuestas del Refugio Humanitario y envió carta a Iván Duque
Más de 20 congresistas de la Comisión de Paz, enviaron una misiva al Gobierno de Iván Duque este 25 de agosto. En la carta manifestaron su preocupación por la situación de DD.HH. en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Los senadores y representantes también manifestaron su compromiso con la seguridad y bienestar de los excombatientes y líderes sociales en Colombia que están siendo víctimas del abandono estatal y la violencia sistemática.
«Es preciso que se garantice y cumpla lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, que se den plenas garantías de seguridad, que la comisión de garantías se ponga en marcha, y se estructuren planes más allá de la presencia militar, de manera concertada, participativa y articulada con las comunidades. Es hora que se atienda las peticiones de las comunidades y se comprometa con la constitución de una Paz real, efectiva, y con justicia Social».
Misiva Comisión de Paz.
Los congresistas también le exigieron al presidente atender todas las peticiones de las comunidades que se congregaron en el Refugio Humanitario y poner en marcha a todas las instituciones públicas que «tengan responsabilidad en la atención de esta crisis, para que desplieguen acciones efectivas que garanticen la vida, la participación política, y condiciones de buen vivir para ellos y ellas».
Amanda Ríos también contó, que por ahora no se esperan más actividades como las del Refugio Humanitario, pero que harán veeduría de la orden de la Jurisdicción Especial de Paz y del piloto de la ruta integral para la generación de esperanza en Argelia.
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