Fotografía cortesía
Como anunciado en los pasados días, en la mañana del martes 19 de julio, los congresistas Iván Cepeda, Cathy Juvinao y Gustavo Bolívar llevaron a cabo una rueda de prensa virtual para presentar un proceso de reforma del Congreso de la República, con motivo de convertirlo en institución <<más democrática, transparente y eficiente>>.
Dicho proceso consiste en un acto legislativo que plantea modificaciones a los artículos 126, 138, 183 y 187 de la Constitución Política de Colombia y tendrá <<cuatro dimensiones de reforma>>: limitar la reelección de congresistas, ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, modificar las causales de perdida de investidura de los congresistas y, finalmente, examinar el régimen salarial de los mismos.
Las transformaciones que se propondrán en el Congreso, que arrancará su periodo legislativo el miércoles 20 de julio, buscan golpear graves problemas estructurales del parlamento colombiano, es decir la <<falta de transparencia, el ausentismo y la corrupción>>.
El proyecto nuestro, como bancadas de gobierno, va a ser provocar en el país un cambio profundo que tiene dentro de sus aspectos sustanciales la lucha contra la macrocorrupción y la cooptación del Estado por parte de mafias, redes criminales y toda clase de facciones que impulsan el interés particular y no el bien público.
Iván Cepeda
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recordó en su intervención unas cifras emblemáticas relativas al actual Congreso de la República: <<más de 35 congresistas se encuentran vinculados a investigaciones por corrupción u otros delitos que adelanta en estas investigaciones la Corte Suprema, 6 de ellos han sido objeto de medidas de privación de la libertad, 26 congresistas enfrentan investigaciones por parapolítica>>.
Mucha de la actividad legislativa, como explicó Cepeda, quedó bloqueada por la <<relación de chantaje y de soborno con el poder ejecutivo>> que tiene el Congreso, además de la imposibilidad de votar proyectos de ley por las frecuentes ausencias maquinadas: <<durante los periodos legislativos hay congresistas que llegaron tarde hasta en un 85% de las sesiones>>.
Es por eso, afirmó la representante a la Cámara del partido Verde, Cathy Juvinao, que <<interceptamos un interés por transformar el Congreso para que esta sea una corporación que realmente le sirva a la ciudadanía>>. Colombia, en su visión, tiene un problema de crisis de representación:
Entre 1997 y 2017 la confianza en el Congreso de Colombia cayó en un 74%. En promedio en Colombia solo el 4% de los ciudadanos que votan al Congreso recuerdan por quien votaron, y solamente el 1% de esos que votaron, y recuerdan por quien votaron, se sienten representados en su congresista.
La crisis de representación, denunció Juvinao, podría conllevar a dinámicas de desconfianza ciudadana, ilegitimidad e impopularidad hacia el Congreso, las que, si ignoradas, podrían empujar a los ciudadanos hacia medidas populistas y antidemocráticas, que causarían <<traumatismos serios>>.
Reducción del salario de los congresistas
Una de las dimensiones de reforma aborda el régimen salarial de los congresistas: en Colombia los diputados ganan el equivalente de entre 35 y 40 salarios mínimos. Si se comparan las cifras con otros países de América Latina, el salario de los congresistas colombianos resulta excesivamente alto: <<en Perú los congresistas ganan el equivalente de 15 salarios mínimos de ese país, en Brasil 27 salarios mínimos, en Argentina entre 6 y 7 salarios mínimo>>.
Por tal razón, el proceso de reforma busca disminuir el salario de los congresistas y bajarlo al equivalente de máximo 25 salarios mínimos, como era hace 30 años. Dicha medida, afirmó el senador Gustavo Bolívar, <<es un acto simbólico porque muestra que queremos construir un país más equitativo>>.
Reducción del receso legislativo
Otra modificación sustancial propone la ampliación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, es decir la reducción del receso legislativo. En su forma actual la suspensión de la activad legislativa va desde el 20 de junio hasta el 20 de julio y desde el 16 de diciembre hasta el 16 de marzo. En ese periodo, como explicó Cathy Juvinao, <<el Congreso no puede ejercer control político al ejecutivo>> que a su vez no para su actividad.
Estamos tratando de reducir a la mitad este receso legislativo para que se amplié el periodo de sesiones y así el Congreso pueda ofrecer mejores resultados en términos legislativos. (…) En la legislatura 2020/21 el 45% de los proyectos presentados fueron archivados. De la totalidad de proyectos de reformas a la Constitución formulados, el 67% fueron archivados por vencimiento de términos. De los 2739 proyectos de ley radicados en el último cuadrienio, únicamente 204 fueron sancionados como ley.
Cathy Juvinao
En la propuesta, el periodo legislativo se amplía aumentando de dos meses la actividad y retomando el 20 de enero en vez que el 16 de marzo.
Ausentismo y «tráfico de influencia»
Para abordar el ausentismo una de las propuestas plantea la ampliación de la causal de perdida de investidura, que <<refuerza las reglas del juego para las asistencias>>. En la legislación actual, los congresistas tienen derecho a faltar hasta 5 veces por semestre, <<pero esto es únicamente para las asistencias a las plenarias>>, mientras que las asistencias a las comisiones permanentes constitucionales, donde los proyectos de ley tienen su primer y segundo debate, no están incluidas.
Nuestra medida incorpora las inasistencias a las comisiones permanentes para causal de perdida de investidura. 6 inasistencias en una legislatura en vez que 5 en un semestre, cualquier congresista que falte más se hace demandable para la perdida de investidura. Nuestro intento es evitar, o por lo menos morigerar, este problema estructural de ausentismo que existe actualmente en el Congreso de la República y que le quita eficacia congresual a la tramitación de iniciativas que la ciudadanía reclama.
Cathy Juvinao
La causal de perdida de investidura será ampliada y solicitada, además, por <<obtener cuotas o prebendas burocráticas como contraprestación a su participación o no en la discusión-votación de un proyecto de ley, de un acto legislativo, o de una moción de censura>>. Lo que se buscará es extender la aplicación de la perdida de investidura por “tráfico de influencia”, es decir se sancionará efectivamente al congresista que reciba una cuota, un “cohecho”, <<una relación en la cual alguien solicita un beneficio y otro lo otorga>>.
Modificación del orden del día
El senador Gustavo Bolivar introdujo, por otro lado, una modificación que busca reglamentar el “orden del día”. Varios proyectos de ley quedaron varados por no ser incluidos en el orden del día con pretextos dudosos, es el caso de la ratificación del Acuerdo ambiental de Escazú, que fue quitado de la agenda por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, a pesar de que fuera discutido el día anterior.
Para evitar esas jugaditas, no se podrá excluir del orden del día ningún proyecto de ley o de acto legislativo que se esté discutiendo el día anterior.
Gustavo Bolívar
Rotación de la clase política
La última dimensión de reforma está relacionada a la reelección de los congresistas y su limitación, en modificación del articulo 126 de la Constitución Política, que <<va a ser reformado agregando que los congresistas no podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos, o no, en la misma corporación pública>>, limitando, de esta manera, la posibilidad de ser elegido infinitamente y asegurar una rotación general de la clase política.
Cerrando su intervención, el senador Iván Cepeda deseó que este proyecto de reforma tenga luz verde e invitó a todos los congresistas, inclusive los de las bancadas de oposición, a que <<comencemos este proceso de modificación que tendrá otras iniciativas que estamos preparando>>.
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