Después de la semana de receso que se otorgó el Congreso las baterías de la coalición de gobierno se están enfilando en aprobar una reforma a la justicia que sería muy peligrosa puesto que le sigue quitando facultades a la Corte Suprema de Justicia para investigar y sancionar a funcionarios públicos y además va en detrimento de las dignidades de cargos como el de Procurador, Contralor y Fiscal.
Fiscal, Contralor o Procurador no deberán ser abogados, ni se necesitaría experiencia en Derecho
Según lo que han denunciado congresistas como Germán Navas Talero del Polo Democrático, en la Comisión Primera de la Cámara, la coalición de gobierno está intentando una reforma a la Justicia que no va a servir para el propósito de descongestionar la justicia, lo que evitaría más episodios de libertad por vencimiento de términos y descongestionaría las cárceles pues los procesos avanzarían más rápido, sino que por el contrario serviría para que otras personas, sin experiencia asuman cargos del Estado.
Una de las preocupaciones de la oposición gira en torno a que en los cargos como Procurador, Fiscal y Contralor no sería necesario el título de abogado o abogada sino que solamente se debería certificar alguna carrera relacionada con la administración del derecho, además la experiencia que deben acreditar tampoco estaría necesariamente ligada a la práctica del derecho penal sino que podría ser en cualquier área.
Procuraduría y Contraloría serían juzgadas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara
La otra preocupación tiene que ver con el juzgamiento de los aforados y servidores públicos. En esta reforma que se está tramitando las funciones de juzgamiento del Contralor y el Procurador pasarían de la Corte Suprema al mismo congreso de la República y en concentro a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, tristemente conocida por su inoperancia y el índice de impunidad 100% de los procesos que llegan a esa instancia.
Con esta decisión, de ser aprobada, se estaría poniendo en riesgo el equilibrio de poderes, puesto que el Congreso que es el poder Legislativo y ha estado controlado por los gobiernos históricamente, sería el encargado de juzgar a los funcionarios que deben vigilarlos, lo que crea una especie de círculo vicioso en el que yo te elijo y tu me juzgas o me exhoneras.
Peligra el equilibrio de poderes en Colombia con esta reforma a la justicia
Esta situación, sumada a la reciente reforma a la Procuraduría en la que, violando lo ordenado por el Sistema Integral de DDHH de la OEA, se definió que ese órgano de control tiene la facultad para destituir funcionarios elegidos con el voto popular. Esta situación, como se había dicho, es especialmente peligrosa en un gobierno como el actual, puesto que ha elegido en cargos de control del Estado a personas que son cercanas o integrantes de su línea política como en el caso de Margarita Cabello que fue Ministra de gobierno.
Aunque en la Cámara de Representantes estas reformas debe seguir su discusión, la manera de operar de las mayorías parlamentarias del gobierno han demostrado tener la capacidad de legislar para sus intereses, lo que podría terminar en una aprobación de la «reforma a la justicia» con este tipo de problemas que van en detrimento del aparato judicial de Colombia.}
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