Chocó. Fotografía ilustrativa 360Radio.
Este lunes 25 de octubre, las organizaciones internacionales Oidhaco, Mundubat, Oxfam, ABC Colombia, la Mesa Catalana, Kolko, la Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive, Protección Internacional, Cooperació y la Oficina Ecuménica de Múnich, mostraron preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el departamento del Chocó.
Atendiendo la denuncia de la Comisión de Justicia y Paz, Oidhaco y sus organizaciones adscritas, rechazaron el asesinato de Dilio Bailarín, un líder indígena del Resguardo Embera Uradá en Jiguamiandó y de Efrén Antonio Bailarín Carupia, ex gobernador del Resguardo Chidina Tolo en el Bajo Atrato. y expresaron preocupación por el riesgo de los líderes y lideresas en esa región del país.
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Las organizaciones internacionales, también se pronunciaron frente al conflicto entre grupos armados ilegales y legales que han provocado el desplazamiento de más de 1.000 personas y causado confinamientos y limitaciones de movilidad y acceso al agua por parte de las comunidades.
Las plataformas de DD.HH. tienen conocimiento de diversas denuncias de asesinatos selectivos, torturas, secuestros, amenazas, violencia sexual, siembra de minas antipersona, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de 18 años y del bombardeo del Ejército Nacional en el que fueron asesinados 4 niños y niñas el pasado 16 de septiembre.
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Empresas extractivas recrudecen la situación del Chocó
Dentro de las preocupaciones de las organizaciones está la participación de empresas extractivas en la región que han sido determinantes en las vulneraciones de DD.HH. en el departamento. «Los recientes asesinatos y hostigamiento a la población civil ocurren mientras la empresa transnacional, Muriel Mining Corporation, a través de Minera Cobre SAS, adelanta proyectos en Jiguamiandó y Murindó, con la finalidad de explotar los títulos mineros del cerro sagrado Jaikatuma y otros territorios limítrofes. Preocupa enormemente que no se estén respetando los estándares de consulta libre, previa e informada establecidos por el Convenio 169 de la OIT en esta materia ni las órdenes dictadas por la Corte Constitucional de Colombia», expresaron las organizaciones en un comunicado.
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Las comunidades además han denunciado que tras 11 años de espera el Gobierno colombiano no ha proporcionado informes del impacto ambiental de dichos procesos extractivos y no comprende aún la difícil situación que atraviesan en medio de los constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC.
Las organizaciones finalmente llamaron al Gobierno actual a dar cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, del capitulo étnico dispuesto en este y dar celeridad a los llamados de un Acuerdo Humanitario Global que se dan desde las comunidades y busca garantizar la vida de la población civil y los actores armados.
Otra de las exigencias de las plataformas de derechos es que se de respuesta efectiva que salvaguarde la vida de la población civil en Chocó y se investigue de manera eficaz a los responsables de los hechos de violación de DD.HH.
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