Luego del anuncio de la Procuradora, Margarita Cabello, de suspender al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, varios juristas se han manifestado, asegurando que aunque las acciones de Quintero fueron provocadoras, la Procuraduría no tiene la potestad para suspender o destituir funcionarios electos con el voto popular y además una decisión en esa línea es una violación flagrante a la Convención Interamericana de DDHH.
Un de los primeros juristas en manifestarse fue el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien cuestionó la decisión que, según él, no respeto el debido proceso, el derecho a la defensa y la imparcialidad.
Por su parte, el penalista Rodrigo Uprimmy reiteró que la decisión no se apega a las normas del derecho internacional, puesto que en ese sentido ya hay una decisión de la Corte IDH y una legalidad clara en la Convención Interamericana de DDHH, las cuales sentaron un precedente con la decisión del Procurador Alejandro Ordóñez contra Gustavo Petro.
El abogado Reynaldo Villalba también se manifestó en ese mismo sentido y aseguró que esa entidad no tiene competencia para sancionar funcionarios de elección popular, puesto que contraviene la jurisprudencia internacional. Adicionalmente el jurista se manifestó en desacuerdo con la eliminación del ente de control y aseguró que lo mejor sería una reforma seria que la separara del ejecutivo de manera definitiva para eliminar la posible parcialización de las decisiones.
Lea también: Parcializada y selectiva, así califican la decisión de la Procuraduría contra Daniel Quintero
