Fotografía cortesía.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá – “UNIPA”, denunció el pasado lunes 13 de junio el desplazamiento forzado que sufrieron 480 familias del resguardo Inda Gucary, departamento de Nariño, por causa de enfrentamientos entre grupos armados.
“Desde la organización UNIPA, denunciamos que el viernes 10 de junio del presente año, siendo las 10 de la mañana se presentó un enfrentamiento entre grupos armados en el Resguardo Awá Inda Guracay, comunidad Villa Hermosa, jurisdicción del municipio de Tumaco. A raíz de este hecho, 480 familias desplazadas salieron desplazadas forzosamente y en este momento se encuentran el centro educativo Awá de Aguazú”.
El colectivo señala que dentro de la población desplazada hay niños y niñas, mujeres embarazadas y ancianos que necesitan cuidado médico. Algunas de las familias, además, recibieron amenazas.
“UNIPA” comunicó que el mencionado resguardo fue víctima en los últimos años de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, “además del desplazamiento forzado masivo, se han presentado homicidios, activación de artefactos explosivos, reclutamiento forzado”.
No es la primera vez que la población sufre las consecuencias de enfrentamientos armados en su territorio. Un día después del enfrentamiento que los obligó al desplazamiento, de hecho, se produjo otro combate en la cercana comunidad del Resguardo Awá Inda Sabaleta.
Por esta situación de inseguridad el colectivo exige “atención prioritaria para estas familias, a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Tumaco, ICBF, a la Unidad de Víctimas – UARIV. A las entidades municipales y departamentales, como la Personería, a que convoquen a los entes competentes para gestionar espacios de atención que garanticen la vida del pueblo Awá UNIPA”.
Llama, por otro lado, a las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a brindar “apoyo humanitario” y “atención integral” a la población Awá.
La Corte Constitucional sentenció en 2009 a través del Auto 004 que ordena “la protección de derechos fundamentales de personas indígenas desplazadas por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucionales declarado en sentencia T-025/04”. Bajo este argumento, el colectivo insta al Gobierno colombiano cumplir con el acato del Auto constitucional.
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