Un estudio realizado en Colombia, Perú, Guatemala y Honduras; reveló que las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violencias, en zonas donde se instalan proyectos extractivos por parte de empresas que explotan recursos naturales. (Lea también: Juana Perea, líder ambientalista es asesinada en Chocó)
El informe elaborado por las ONG’s Derecho, Ambiente y Recursos Naturales –DAR– y la Fundación para el Debido Proceso –DPLF-; titulado “Género e industrias extractivas en América Latina” destacó que las actividades extractivas impactan principalmente a las mujeres indígenas, campesinas y a las defensoras ambientales.
Adicionalmente, el informe documenta que uno de los mayores peligros que enfrentan las mujeres en zonas en las que se adelantan proyectos extractivos, es una mayor exposición a las violencias que pueden provenir de trabajadores foráneos de las empresas que se instalan en las comunidades, de los agentes del Estado por las relaciones de poder que ejercen sobre los(as) pobladores(as) y en algunos casos hasta de sus propias parejas debido al cambio de dinámicas que trae la irrupción de agentes y actividades externos en el territorio.
El estudio establece riesgos y agresiones de índole física, psicológica y sexual que sufren las mujeres por parte de diversos agentes, entre los cuales se encuentran también ataques contra mujeres embarazadas, violencia contra sus hijos, y el asesinato o la desaparición de lideresas de las comunidades.
Según el estudio, los proyectos extractivos y, en general, los megaproyectos de inversión suelen traer consigo cambios en las relaciones de género, ahondando muchas veces las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, debido a la alteración de las condiciones sociales, económicas y ambientales de sus comunidades.
Pese al negativo panorama, con base en un análisis del marco normativo y las políticas públicas de los cuatro países estudiados, el informe señala que “ni los Estados ni las empresas que operan en América Latina y el Caribe han prestado suficiente atención a sus respectivas obligaciones con relación a los derechos de las mujeres”.
El extractivismo en Colombia
El estudio dispuso un acápite especial para delinear el contexto colombiano frente a esta materia, señalando que durante las últimas dos décadas, Colombia ha impulsado un modelo económico extractivista, aprovechando el relativo auge del valor de los bienes primarios y esto llevó a que diferentes gobiernos focalizaran la inversión estatal en el sector minero-energético por sobre otros, como el de la actividad agrícola.
Según el informe este modelo económico, aunado a la existencia de un conflicto armado interno en los últimos 60 años, exacerbó los conflictos socioambientales, siendo especialmente afectadas las comunidades campesinas e indígenas que son perseguidas y asesinadas por su liderazgo y defensa del ambiente. (Lea también: Colombia es el país con más asesinatos de ambientalistas en el mundo)
Asimismo, se reseñó en el informe la adopción de marcos legales que incrementaron los conflictos socioambientales, por ejemplo con la expedición del Código de Minas en 2001, “diseñado para favorecer la inversión privada extranjera, al otorgar títulos de concesión sin mayores consideraciones en materia ambiental” lo que “conllevó al incremento de la violencia y graves violaciones de derechos humanos”.
