El Gobierno debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que el Estado deberá reparar simbólicamente y económicamente a las víctimas. No solo con indemnizaciones, sino también con la construcción de monumentos y un acto simbólico de perdón.
Por Sabrina Certomà, Redacción Contagio Radio
Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro preparó un proyecto de decreto para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a Colombia reparar económicamente a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (UP). El fallo se conoció en junio de este año y puso fin a un proceso judicial de 28 años.
El documento especifica que el organismo encargado de la indemnización será la Unidad para las Víctimas, que: «creará una tarifa específica para el funcionamiento de la Comisión para conocer la identidad o parentesco de las víctimas». También agrega que esta entidad tendrá la facultad de celebrar contratos o convenios interadministrativos para dar cabal cumplimiento al fallo de reparación.
Este proyecto de decreto es sólo el primer paso hacia el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH que condenó a Colombia por ser responsable del exterminio de dirigentes, políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), asesinados, desaparecidos, amenazados o forzados al exilio por la persecución que sufrieron desde los años ochenta. Pero la reparación no será sólo económica.
Por ejemplo, la sentencia estipula que se construirá un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en distintas ciudades, para honrar a los afectados por el exterminio. El Estado también tendrá que organizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad e inicie, promueva y continúe investigaciones exhaustivas y sistemáticas para establecer la verdad sobre las graves violaciones de los derechos humanos. Tiene dos años para hacerlo.
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El genocidio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en enero a Colombia por el asesinato, desaparición y persecución sistemática de miembros del partido político Unión Patriótica (UP). En algunas de las decisiones, la justicia declaró que se trataba de genocidio, pero ante la Corte Internacional, el Estado colombiano había pedido que se excluyera este término. Al fallar sobre el caso y declarar al Estado responsable de los ataques contra más de 6.000 víctimas, la Corte expresó su postura al respecto.
La Corte recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional. A raíz de su rápido ascenso en la política nacional, y especialmente en algunas regiones con presencia tradicional de la guerrilla, surgió una alianza entre grupos paramilitares y sectores de la política tradicional, fuerzas de seguridad y grupos empresariales, con el fin de contrarrestar el ascenso de la UP en la arena política.
A partir de ese momento comenzaron los actos de violencia contra miembros, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica. La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra ellos, que duró más de dos décadas y se extendió por casi todo el territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, diversos actos de estigmatización, judicialización indebida, tortura, desplazamiento forzado, entre otros.
Estos actos formaron parte de un plan sistemático de exterminio contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la investigación de estos hechos de violencia no fue efectiva y se caracterizó por altos niveles de impunidad, lo que actuó como una forma de tolerancia por parte de las autoridades.
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