Palacio Nacional de Justicia. Fotografía cortesía.
La Campaña por la Independencia de la Justicia presentó el viernes 20 de mayo, en una rueda de prensa virtual, las propuestas para garantizar la independencia judicial, el acceso a la justicia y superación de la impunidad de cara al próximo gobierno.
Las iniciativas hacen parte de unos compromisos mínimos que se han venido elaborando conjuntamente por más de 40 plataformas defensoras de derechos humanos, con la finalidad de delinear una hoja de ruta frente a la situación actual de la democracia colombiana, la peligrosa deriva hacia el autoritarismo, el desconocimiento del orden constitucional y el sistemático ataque a la independencia judicial.
En la rueda de prensa, el abogado y exmagistrado Rodrigo Uprimmy, analizó la importancia de la independencia judicial, que permite la existencia del estado de derecho y por ende una “democracia digna de este nombre”. En su ausencia, el ejercicio democrático resulta erosionado: “no puede haber estado de derecho si no hay funcionarios que tengan la independencia y capacidad de aplicar normas incluso contra los gobernantes”, en referencia los jueces.
Destacó, por otro lado, la relevancia del acceso igualitario a la justicia, “primero de los derechos porque garantiza los otros derechos” y cuya debilidad causa la creación de una “democracia imperfecta”. Por lo tanto, las propuestas judiciales impulsadas por las plataformas tienen una importancia crucial, poque su implementación permitiría la defensa y la profundización del régimen democrático.
Fortalezas y deficiencias de la justicia colombiana
Uprimmy señaló las fortalezas y las deficiencias del sistema judicial colombiano. Colombia goza de una importante tradición de independencia judicial, en comparación con otros países de América Latina, y ha logrado ser particularmente efectiva frente a los abusos del poder ejecutivo, como por ejemplo cuando la Corte Constitucional cerró a la posibilidad que el entonces presidente Álvaro Uribe se perpetrara en el poder con una reforma constitucional vía referéndum.
El acceso a la justicia es otro de las fortalezas del sistema jurídico colombiano, con las acciones de tutela que, cuando otorgadas, permiten la protección del solicitante. Asimismo, señaló como positiva la profesionalización de los jueces y el acceso a cargos judiciales por concurso, elemento que permite el desarrollo de la meritocracia.
Dentro de las deficiencias Uprimmy criticó la “provisionalidad de los jueces”, los problemas de eficacia en ciertas áreas, problemas de acceso a la justicia para los estratos más pobres, y las nuevas situaciones que surgieron en los últimos cuatro años de presidencia Duque: escándalos de corrupción en las altas cortes, ataques a la independencia judicial, por ejemplo en el caso contra Uribe donde la presidencia no mantuvo imparcialidad, la erosión de separación de poderes y la cercanía de la Fiscalía a los sectores de gobierno.
El deterioro de la justicia es muy preocupante, esta reforma tiene que ser democrática y conservar elementos positivos, mientras al mismo tiempo tiene que corregir los defectos. Las propuestas de reforma judicial de los candidatos presidenciales son pobres porque son ambiguas y generales. (…) Las propuestas de las plataformas son puntuales, especificas e importantes para lograr una reforma a la justicia efectiva que fortalezca la independencia judicial y profundice la democracia de Colombia.
Rodrigo Uprimmy
La histórica impunidad y algunas de las propuestas
La importancia de superar la histórica impunidad, relacionada con la violencia sociopolítica y las violaciones de derechos humanos, ha sido subrayada por la activista social y directora de la asociación Minga, Diana Sánchez, que además destacó la necesidad de “seguir por el camino de la búsqueda de la paz” para avanzar en temas de justicia. “Si sigue impunidad no podremos salir del pantano en el que vivimos como sociedad”.
En el Acuerdo de Paz la lucha contra la impunidad representa un eje central, sin embargo, el desmantelamiento del paramilitarismo y del crimen organizado ha sido hasta ahora obstaculizado por los actores políticos a través de estratagemas, que solo mostraron la voluntad de la clase política en el gobierno de no acatar los compromisos firmados.
Diana Sánchez trajo el ejemplo de la Unidad Especial de Investigaciones. Creada como organismo autónomo con el propósito de investigar el paramilitarismo y sus cabezas financieras, fue trasladada bajo la dependencia de la Fiscalía ante las presiones del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. De esta manera, la Unidad perdió su mandato inicial de desmantelamiento paramilitar y le fueron asignados trabajos diferentes, como investigaciones de homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes.
Dentro de las propuestas que La Campaña por la Independencia a la Justicia impulsa, está la necesidad de darle a la política criminal un sentido de prevención, “tiene que dar un salto y ser complemento de la política nacional para prevenir delitos”. La política criminal hoy en día investiga delitos menores, para los que, además, se han incrementado las condenas y se han llenado consecuentemente las cárceles, en donde los detenidos padecen en precarias condiciones.
Hacen falta comités territoriales para acompañar esta política que no tiene que ser solo criminal sino preventiva, donde las comunidades participen de ellas.
Diana Sánchez
Otra propuesta abarca la necesidad de cambiar el nombramiento del Fiscal General de la Nación, que no debería ser designado por el Gobierno porque, de tal manera, no se garantiza el principio de imparcialidad, como ocurrido en la indagación llevada a cabo por Gabriel Jaimes contra el exsenador Álvaro Uribe.
La investigación criminal, además, debería depender exclusivamente de la Fiscalía y no de otras autoridades como la Fuerza Pública, a través por ejemplo de la DIJIN, Dirección de Investigación Criminal Nacional e Interpol de la Policía Nacional, la que, señala Diana Sánchez, no siempre obedece a la Fiscalía, sino a sus superiores, perdiéndose de esta manera la imparcialidad de las investigaciones.
Otras iniciativas impulsadas por la Campaña comprenden el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal, como entidad autónoma y no bajo la dependencia de la Fiscalía, la reforma del fuero militar, no apto para investigar hechos que involucran a la población civil y que deberían ser indagados por la justicia ordinaria y, finalmente, el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre independencia judicial.
Lea las propuestas en el detalle
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