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El pasado domingo 15 de mayo, varias plataformas de derechos humanos conjuntamente con organizaciones sociales, publicaron una carta pública, respaldada por más de 1000 entidades entre organizaciones y ciudadanía, en la que solicitan a los candidatos presidenciales incluir en sus propuestas legislativas agendas humanitarias, de Derechos Humanos y de paz.
Dentro de las propuestas generales, que según los firmantes de la carta el próximo gobierno de Colombia tiene que implementar, se destacan el cumplimento de la Constitución Política de 1991, la completa puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, acatar las recomendaciones de los Organismos Internacionales y las sentencias de jueces o Cortes colombianas y, finalmente, respetar los acuerdos estipulados “con los diversos movimientos sociales”.
Debido a las difíciles situaciones humanitarias sufridas en los territorios de Colombia, el próximo presidente debería, conforme a la misiva, implementar una “política publica estructural” para responder a las necesidades humanitarias de las comunidades, incorporando propuestas ya llevadas a cabo como diálogos, acuerdos, y espacios humanitarios.
En temas de derechos humanos la propuesta impulsada es “contar con un Plan Nacional de Desarrollo, PND (2022 – 2026) con un enfoque transversal e integral de derechos humanos, que impacte todas las políticas de gobierno, con indicadores que garanticen la materialización de todos los derechos”.
Políticas sociales de redistribución del presupuesto nacional, la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, garantías de seguridad para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el reforzamiento de la atención y reparación a las víctimas, representan otras propuestas que los firmantes de la carta solicitan, para que por fin el país tenga reconciliación y pueda además superar la “histórica impunidad” vinculada a las violaciones sufridas por comunidades y víctimas.
“Para enfrentar los niveles de pobreza, desempleo y grave crisis alimentaria (…) el próximo Gobierno debe asumir políticas sociales de redistribución del presupuesto nacional que garanticen los derechos a la salud, educación y vivienda; promuevan una renta básica digna, acceso a alimentación universal suficiente y de calidad para todos los hogares y políticas con enfoque etario y de género que garanticen el trabajo digno, con garantías laborales y de seguridad social”.
Para una paz “de amplio alcance” los firmantes señalan la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, desarrollando “los componentes políticos, jurídicos, económicos y sociales que siguen inconclusos” y tomando como imperativo categórico lo que recomendará la Comisión de la Verdad en su informe.
La agenda legislativa debería también contemplar “una reforma estructural e integral a la Fuerza Pública, una ley estatutaria de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, una ley de seguridad humana, y una ley que establezca la política nacional de la Memoria y la Verdad”.
Finalmente, las organizaciones sociales y la ciudadanía destacan la necesidad del seguimiento de los diálogos de paz con el ELN, así como había sido planteado y no reanudando desde cero la negociación.
“Tal y como lo estipula el Acuerdo de Paz de La Habana, es un imperativo diseñar una política pública para el desmonte del paramilitarismo y otras formas de organización criminal”.
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