El ente de control hizo recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para lograr avances en materia de seguridad y convivencia en zonas urbanas y rurales en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar. “Existe falta de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno para desplegar acciones que impacten fenómenos criminales”, señaló la entidad.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. Este jueves 29 de junio, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la violencia y la criminalidad que azota a 10 departamentos del país. La problemática se presenta en zonas urbanas, pero especialmente en entornos rurales, la situación afecta a los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar.
La Procuraduría determinó que, aunque existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios.
“A pesar de que las entidades cuentan con una priorización territorial que atiende factores como la implementación de instrumentos de seguridad y convivencia, estadísticas de criminalidad y demandas institucionales, no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia”, alertó el ente de control.
La Procuraduría dijo también, en comunicado abierto a la opinión pública, que hay falta de comunicación entre los organismos de seguridad y la ciudadanía, y que es necesario consolidar, analizar y socializar la información que se tiene en materia de orden público de municipios y departamentos afectados por violencias estructurales y emergentes provenientes de grupos armados organizados y bandas criminales.
De acuerdo con el organismo, esas situaciones agravan el riesgo para la ciudadanía y permiten que estructuras criminales se consoliden generando violencia, además de desgastar las capacidades de actuación del Estado.
Adicionalmente, el ente de control pidió a los gobiernos plantear una hoja de ruta contingente para lo que resta del año frente a la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y los que se formularán para el periodo 2024-2027, que permita coordinar acciones inmediatas e integrales bajo un plan de trabajo que mida su eficacia y resultados.
Asimismo pidió evaluar “la necesidad de activar las instancias de coordinación existentes para el fortalecimiento de la gobernanza para la seguridad y convivencia ciudadana, como el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA), Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Comités y Subcomités de Prevención y Protección en el nivel territorial, con el fin de abordar estrategias encaminadas a mitigar los fenómenos y riesgos identificados, y generar acciones concretas en el corto plazo”.
