Ejército de Polonia. Fotografía ilustrativa del Ejército polaco.
Por: Mathias Rodríguez (@mathiasrodz_) y Jose Ángel Sánchez Rocamora (@fefudelmar).
Un muro de cinco metros de altura que atraviesa un bosque protegido, una zona de exclusión donde no pueden pasar las organizaciones ni la prensa, centros cerrados de detención y mensajes a favor del militarismo, esta es la estrategia del gobierno polaco contra la migración que activistas y organizaciones locales combaten en el discurso y en la práctica.
El reloj marca las 21:17. Hace ya más de tres horas que se ha hecho de noche en este pequeño pueblo polaco, a pocos kilómetros de la frontera con Belarús. Un coche nos recoge: acompañamos a un grupo de activistas locales en una de sus intervenciones. Una persona les ha contactado desde la frontera, dentro del Bosque de Białowieża, pidiendo ayuda, así que nos adentramos entre los árboles por un camino de tierra.
Ocho kilómetros más y estaríamos dentro del área restringida y militarizada que el gobierno polaco estableció en septiembre del año pasado, trazando una línea roja a lo largo de toda la frontera con Belarús (usaremos esta nomenclatura oficial aceptada por la ONU, pues la más común Bielorrusia es su antiguo nombre ruso que cambió al convertirse en estado soberano). Los locales le llaman ‘la zona’, y tanto las organizaciones de ayuda humanitaria como los medios de comunicación tienen prohibido el acceso.
Estamos ya cerca de encontrar al hombre que pidió ayuda. El GPS nos avisa de que solo faltan 800 metros, cuando una luz intensa nos señala desde dentro de los árboles: “Policja” [policía]. Nuestro coche pega la vuelta. Perdemos de vista el segundo coche con el que nos desplazábamos y ahora el furgón de la policía viene detrás nuestra. Nos siguen durante al menos 15 minutos y finalmente nos dejan. “Estoy segura de que esta vez han cogido nuestro número de placa”, lamenta una de las activistas locales.
El segundo coche de activistas nos contacta: han rescatado a un joven que llevaba varias noches durmiendo al raso, entre el bosque y la nieve. Aparcan los dos coches y el joven entra corriendo a la casa de una de las activistas. Se sienta en el suelo de la entrada. Intenta quitarse las botas, mojadas. Sus brazos se mueven de forma rígida y brusca y su cuerpo desprende frío y humedad. Llegan las mantas. Nos abrazamos: ha conseguido salir del bosque y podrá pasar la noche en una casa segura.
La alta militarización de la zona, la dureza del invierno y la naturaleza salvaje del bosque de Białowieża se añaden a las tres vallas de concertinas que las personas deben flanquear para entrar a Polonia
Otras cinco personas migrantes le esperan en el piso de arriba. “En el bosque hay hombres, mujeres, niños, personas mayores, familias enteras. La frontera es muy dura y cruzarla es peligroso”, advierte uno de ellos. En este caso, son jóvenes procedentes de Eritrea y Yemen que llegaron a Bielorrusia alentados por agencias de viaje en sus países de origen. Tras cobrarles varios miles de euros por gestionarles el visado, les prometieron que podrían llegar a Europa sin ningún riesgo, pero una vez pisaron tierra bielorrusa, estos agentes desaparecieron, por lo que las personas migrantes comenzaron a organizarse para llegar hasta la frontera e intentar cruzar.
La alta militarización de la zona, la dureza del invierno y la naturaleza salvaje del bosque de Białowieża se añaden a las tres vallas de concertinas que las personas deben flanquear para entrar a Polonia. Los testimonios narran que lo consiguen cavando pequeños huecos en la tierra y que atraviesan las concertinas, pero pierden ropa de abrigo, mochilas, equipaje o documentos. Sus manos y el resto de su cuerpo todavía muestran las marcas de las concertinas en la piel. “Cuando los soldados polacos te encuentran en el bosque, te ponen en uno de sus coches y te llevan al puesto fronterizo. Abren la frontera y te dicen: ‘Go back to Minsk’ [vuelve a Minsk]”, narra otro de los jóvenes. Al otro lado de la frontera, los soldados bielorrusos dicen solo tres palabras: “Go back to Poland” [vuelve a Polonia], explica.
Al mismo tiempo, tan sólo unos kilómetros más al sur, tras el estallido del conflicto en Ucrania, miles de personas han conseguido salir del país llegando a la frontera polaco-ucraniana, aunque —una vez más— no todos los refugiados cuentan con los mismas posibilidades. A esperas de que se habiliten corredores humanitarios tanto para civiles como para la ayuda humanitaria, el Gobierno polaco ha reconocido en los últimos días que el sistema de asilo se encuentra desbordado y la Unión Europea ha activado, por primera vez, la normativa que permite la entrada sin límites de refugiados ucranianos. Mientras tanto, la sociedad civil está organizando gran parte de la ayuda —en Polonia pero también en otros países como Alemania o Lituania— para recibir a las personas que consiguen salir del país.
Colectivos y organizaciones —tanto polacas como ucranianas— coinciden en denunciar que las personas no ucranianas están teniendo muchas más dificultades para conseguir escapar de la guerra
Asimismo, colectivos y organizaciones —tanto polacas como ucranianas— coinciden en denunciar que las personas no ucranianas están teniendo muchas más dificultades para conseguir escapar de la guerra. “Hemos observado en los últimos días el fenómeno creciente de discriminación y violencia contra las personas que huyen de Ucrania y que tienen una nacionalidad diferente a la ucraniana”, denunciaba Grupa Granica el pasado miércoles 2 de marzo. “Esto es especialmente duro para las personas de países árabes o africanos”, resalta el colectivo que ubica el origen de estas conductas en “la narrativa de odio que el gobierno polaco ha estado promoviendo durante años, permitiendo que los grupos fascistas actúen e incluso fraternizando con iniciativas que fomentan abiertamente el odio y la agresión”. “Instamos al gobierno polaco a garantizar de inmediato la seguridad en la frontera y el tránsito para todos los migrantes”, añaden.
El mismo miércoles, hasta nueve organizaciones por los derechos humanos en Ucrania pedían conjuntamente “la igualdad de trato para todos los refugiados de Ucrania, independientemente de su nacionalidad”. Según informan tanto activistas como personas que buscan refugio en la frontera polaca, esta discriminación consiste frecuentemente en dar la prioridad de salida a las personas ucranianas, pero también se han documentado casos de incidentes y violencia física hacia aquellas que portan pasaportes de otros países cuando intentan escapar de los mismos bombardeos.
La ayuda humanitaria en manos de locales y activistas
En agosto del año pasado se documentó el primer grupo de 32 personas que quedaron literalmente atrapadas en la frontera entre Polonia y Belarús. Los soldados bielorrusos bloqueaban la salida y los guardias fronterizos polacos bloqueaban la entrada. “Fuimos allí para saber si podíamos ayudar e hicimos una intervención muy simple. Teníamos abogados que ayudaron con los procesos de solicitud de asilo y pensábamos que duraría dos o tres días, pero realmente estuvieron cerca de dos meses en ese lugar”, narra Kalina Czwarnóg, portavoz de Fundacja Ocalenie, una organización que trabaja en la acogida y que monitorizaba la situación en ese momento, consiguiendo documentar por primera vez las devoluciones en caliente por parte de la Guardia Fronteriza polaca. “Los soldados no nos permitieron trabajar directamente con estas personas. El Gobierno declaró el estado de emergencia y tuvimos que dejarles allí, pero confirmamos que fueron devueltas”, destaca la portavoz.
La misión del movimiento Grupa Granica es monitorear la situación en la frontera, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos y oponerse a las medidas represivas, realizando intervenciones de acción directa y ayuda humanitaria
Ese mismo mes, diversas organizaciones sociales y activistas decidieron empezar a coordinarse y trabajar juntas, creando una movimiento social bajo el nombre de Grupa Granica —Grupo de Fronteras—. Su misión es monitorear la situación en la frontera, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos y oponerse a las medidas represivas, realizando intervenciones de acción directa y ayuda humanitaria, en muchos casos llevada a cabo por habitantes locales, únicos autorizados a entrar en la zona.
Ya en diciembre, Grupa Granica publicaba el informe Crisis humanitaria en la frontera Polonia-Belarús, documentando los testimonios y recopilando los datos recogidos por las organizaciones sociales respecto a violaciones de los derechos humanos, violencia física y psicológica, incumplimientos de derechos de asilo y devoluciones en caliente. El informe arroja cifras respecto a los migrantes que han conseguido cruzar la frontera con Alemania a través de Polonia —cerca de 9.000 personas durante 2021— y sobre las atenciones que han realizado los propios activistas, además de aportar comparativas con los datos oficiales publicados por la Guardia Fronteriza.
“Queremos subrayar que lo que está ocurriendo en la frontera entre Polonia y Belarús no es una crisis migratoria. El régimen bielorruso condujo a personas hasta la zona fronteriza para causar confusión y generar polarización y conflicto”, relata el informe. En cuanto al Gobierno polaco, Grupa Granica reclama que la dramática situación de las personas varadas en los bosques cercanos a la frontera “no es el resultado de una crisis migratoria sino humanitaria”. “Polonia ha dejado de garantizar las normas de protección de los derechos humanos, la protección de los refugiados y los principios básicos de humanidad”, concluyen.
Hasta el momento de la redacción de este reportaje, ninguna de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria ha podido entrar a trabajar en la zona. El pasado 6 de enero Médicos Sin Fronteras anunciaba la retirada de sus equipos de emergencia “ante el bloqueo constante de las autoridades polacas para acceder a las zonas de los bosques, donde grupos de personas están sobreviviendo a temperaturas bajo cero y con una gran necesidad de atención médica y humanitaria”. Casi la totalidad de la ayuda llega desde las organizaciones y los activistas locales, que también se arriesgan a ser víctimas de controles, detenciones violentas y acusaciones legales por prestar ayuda o por hospedar a los migrantes en sus casas. “El problema de la represión del activismo no está siendo un tema realmente legal sino que sucede de facto, creando una atmósfera de miedo en las personas locales y activistas que proporcionan ayuda humanitaria”, matiza Jaroslaw Jagura, abogado y coordinador en la Helsinki Foundation for Human Rights.
Al otro lado, según muestran los testimonios de la mayoría de personas migrantes, no existe ningún tipo de ayuda humanitaria organizada en Belarús, pues el régimen de Lukashenko habría endurecido la persecución y el encarcelamiento de activistas, por lo que difícilmente hay contacto con redes de ayuda u organizaciones independientes en el país vecino.
Militarización, construcción del muro y discurso de la seguridad nacional
En la localidad de Hajnówka, a 17 kilómetros del Parque Nacional de Białowieża, la industria maderera había sido durante años la principal fuente de trabajo para los habitantes de toda la zona. La privatización llevada a cabo en los años 90, con el colapso del sistema comunista, así como la protección de una gran parte del bosque, hizo que esta industria cayera y que comenzara, poco a poco, a hacerse una transición hacia el sector de servicios y turismo.
“Las comunidades locales más próximas a la frontera con Belarús son las más débiles demográficamente en Polonia y la mayoría están muriendo. Cada vez menos gente vive aquí”, explica Paulina Siegién, periodista y habitante de una comunidad en el área fronteriza. La actual militarización y la presencia frecuente de soldados, guardias fronterizos y policía en las localidades más próximas a la zona pueden comprobarse con facilidad.
En las carreteras, el tránsito de vehículos del ejército es constante y los soldados ocupan ahora las habitaciones de los hoteles y los restaurantes dentro de la zona de exclusión. “Vienen a los pueblos con sus armas y sus uniformes para comprar comida y alcohol en los supermercados. No entendemos por qué o cuál es el rol de todos esos soldados aquí”, apunta la periodista. El inicio de la guerra en Ucrania y la posición del gobierno bielorruso como aliado principal de Putin han convertido esta frontera en uno de los puntos calientes y de mayor tensión fuera de Ucrania.
“El Gobierno animó a los niños y niñas para que escribieran postales y enviaran dibujos de apoyo a los militares. Al mismo tiempo, esos militares estaban empujando a los niños migrantes contra el alambre de púas en la frontera”
Al menos tres soldados polacos han muerto en la frontera desde que la crisis humanitaria comenzó. “Dos de ellos, se dispararon a sí mismos, no sabemos si fue un accidente o si se suicidaron. El tercero estaba tan alcoholizado que se ahogó con su propio vómito”, señala Siegién. Mientras tanto, en el resto del país, las televisiones, las redes sociales, las vallas publicitarias y las ventanas de algunas casas, la campaña oficial para dar apoyo a los soldados continúa difundiendo el eslogan “Murem Za Mundurem” [somos un muro detrás de nuestro uniforme]. El discurso contra las personas migrantes se ha tensado en cuestión de meses y el Gobierno continúa utilizando un discurso alarmista, tratando la migración como un peligro para la “seguridad nacional”.
Antes de navidad, el Gobierno lanzó una iniciativa en los colegios públicos, para que los niños y niñas demostraran su apoyo al ejército en la frontera. “El Gobierno animó a los niños y niñas para que escribieran postales y enviaran dibujos de apoyo a los militares, pero al mismo tiempo, esos militares estaban empujando a los niños migrantes contra el alambre de púas en la frontera”, explica Monika Matus, activista en Varsovia.
Además de la militarización, que actualmente se vive en localidades como Hajnówka y en todas las poblaciones cercanas a la frontera, existe también un tránsito constante de camiones y maquinaria pesada utilizada para transportar y trabajar con materiales de construcción. Desde el pasado 25 de enero, el gobierno polaco inició la construcción de un muro que recorrerá 186 km de la frontera con Belarús, atravesando el bosque protegido por la UNESCO, con consecuencias nefastas no solo de carácter humanitario sino también para la preservación de uno de los últimos bosques primarios que se conservan en Europa.
El muro tendrá más de cinco metros de altura y contará con una barrera alambrada de concertinas, sistemas de termovisión, cámaras nocturnas, drones y detectores de movimiento, con un presupuesto de 353 millones de euros. La empresa encargada de su construcción, BUDIMEX S.A., tiene su sede en Varsovia pero es una filial de la compañía española Ferrovial S.A., que posee un 50,1% de su capital. El actual director de Ferrovial es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sobrino del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.
Desde que empezaron a llegar los camiones transportando materiales y trabajadores a las comunidades cercanas y al bosque, activistas por los derechos de las personas migrantes, así como activistas ambientales y diversas organizaciones sociales iniciaron acciones de denuncia para manifestar su rechazo a la construcción del muro. Plataformas como “Nie dla Muru” [No al muro], “Obóz dla Puszczy” [Acampada por el Bosque], e incluso Greenpeace hacen actualmente incidencia y muestran su rechazo públicamente con manifestaciones regulares en Hajnówka, Varsovia y otras ciudades del país.
“Aunque construyamos un muro alrededor de la frontera, no podremos evadir el hecho de que la crisis climática y sus efectos están aumentando drásticamente el número de personas que buscan seguridad y huyen de los conflictos armados, el hambre y la pobreza”, señalaban los activistas de la plataforma Nie dla Muru el pasado 31 de enero en una carta dirigida a la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. “Las migraciones no se detendrán y necesitamos una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos, la protección de la vida y la salud, no en soluciones represivas y dañinas”, reclamaban.
Ese mismo día, la comunidad científica polaca también se dirigía a las autoridades europeas con una misiva firmada por más de 1.700 investigadores, organizaciones e instituciones científicas. “El bosque de Białowieża es el último bosque templado de tierras bajas que queda en Europa y lleva existiendo con escasa perturbación humana desde el final de la última Era de Hielo —hace más de 10.000 años—”, relata este documento con el que hacen un llamamiento a la Comisión Europea “para que tome todas las medidas posibles y detenga de inmediato la construcción del muro”.
Centros de detención: agujeros negros de la acogida
A causa de las bajas temperaturas, el número de personas que cruzan la frontera y que actualmente permanecen escondidas en el bosque se ha reducido drásticamente durante los últimos dos meses. Aquellas personas que han conseguido cruzar, o bien han seguido su camino hacia Alemania y otros países de la UE, o bien han formalizado sus solicitudes de asilo en Polonia. Algunas son destinadas a los centros abiertos donde pueden descansar, comer y protegerse del frío, además de recibir atención médica, psicológica o asistencia legal mientras se realiza el procedimiento. Con frecuencia, las personas migrantes no permanecen allí mucho tiempo: la libertad de movimiento que permiten estos centros hace que en pocos días puedan continuar con su viaje, hacia otros puntos de Europa.
Aras Palani nos recibe en uno de los centros abiertos ubicado en la ciudad de Bialystok y gestionado por la Fundacja Dialog. Él nació en Irak y llegó a Londres hace más de 20 años. Durante todo este tiempo ha intentado reunificar su familia pero no ha sido posible. El pasado mes de octubre, la familia completa llegó a Belarús: su pareja, sus tres hijos, su yerno, su nuera y su nieto de seis años cruzaron la frontera y quedaron allí atrapados. Palani, que ahora es ciudadano británico, viajó hasta la frontera polaca para buscarles.
“Imprimí carteles con sus fotos y mi contacto para ponerlas en los árboles, dentro del bosque. Cada día iba a una zona diferente de la frontera porque necesitaba encontrarles”, recuerda Palani. Poco después, recibió la información de que su mujer y su yerno habían conseguido cruzar pero estaban ingresados en el hospital de Hajnówka. “Cuando se recuperaron, escaparon del hospital y llegaron a Suiza, así que me olvidé de ellos y me concentré en mis otros hijos y en mi nieta, que habían sido cogidos por la policía”, señala, y explica: “Al mismo tiempo empecé a concentrarme en el resto de personas que iba encontrando en la frontera. Me di cuenta que había mucha gente desesperada y que yo podía ayudar haciendo traducciones o coordinando la ayuda”.
Días más tarde, su hijo y su nieta consiguieron cruzar y se encontraron con él antes de continuar hacia Alemania. “Dormí una noche abrazado a mi nieta, aquí, en esta cama. Esa fue mi mejor recompensa”, recuerda sonriendo. Su hija no lo había conseguido: la Guardia Fronteriza le había detenido en un centro cerrado en Czermony Bór, al noreste del país. “Pedí ayuda a unos abogados porque mi hija estaba muy mal después de estar tres meses allí encerrada”, reconoce. Semanas más tarde, ella consiguió salir del centro, y llegar a Suiza, donde la familia ha conseguido reunirse.
Palani, por el contrario, continúa en Bialystok coordinando la ayuda para las personas detenidas en los centros. “Tenía que quedarme aquí porque estaba colaborando con varios casos. Ahora mismo hay mucha gente encerrada en los centros de detención que no sabe lo que va a pasar con sus vidas”, denuncia.
La realidad en los centros de detención cerrados y custodiados por la Guardia Fronteriza es bien distinta a la de los espacios abiertos. Según los últimos datos oficiales publicados a principios de febrero, más de 1.500 personas se encontraban detenidas en centros cerrados y 386 de ellas eran menores. Dentro, los migrantes tienen prohibido utilizar los teléfonos móviles con cámara y las visitas se aprueban con cuentagotas, así que existen ya varias iniciativas para recolectar y enviar teléfonos que sólo sirven para llamar y enviar SMS. Las condiciones de hacinamiento, falta de asistencia legal así como de atención médica y psicológica son algunas de las cuestiones que diversas entidades e instituciones por los derechos humanos insisten en denunciar.
Actualmente en Polonia hay 10 centros de detención cerrados ubicados en diferentes puntos del territorio, aunque organizaciones y activistas coinciden en señalar que las situaciones más dramáticas están ocurriendo en Wędrzyn, ubicado cerca de la frontera polaco-germana
En cuanto a la detención de menores —una de las prioridades más urgentes para las organizaciones—, Marcin Wiącek, Defensor del Pueblo en Polonia, se ha dirigido ya en varias ocasiones a todos los tribunales y jueces del país para que dejen de ingresar menores y familias con niños en centros cerrados de detención. “Ninguno de estos centros custodiados es un lugar apropiado para los niños, aunque sólo sea por las condiciones y por el carácter estrictamente de detención de sus instalaciones”, advierte Wiącek, y puntualiza: “Su estancia en estos espacios puede tener un impacto muy negativo en su desarrollo y afectar gravemente a su salud física y mental”.
Actualmente en Polonia hay 10 centros de detención cerrados ubicados en diferentes puntos del territorio, aunque organizaciones y activistas coinciden en señalar que las situaciones más dramáticas están ocurriendo en Wędrzyn, ubicado cerca de la frontera polaco-germana. Al principios de febrero, 557 hombres migrantes de diferentes nacionalidades permanecían allí detenidos según las cifras de la Guardia Fronteriza. Con frecuencia, en este centro suceden protestas, huelgas de hambre e intentos de suicidio.
El 9 de febrero, 120 de ellos participaron de una huelga de hambre, protestando por las condiciones de hacinamiento y de desesperación en las que se les obliga a permanecer durante meses. Además, cabe resaltar que el centro de detención de Wędrzyn está ubicado dentro de un polígono de entrenamiento militar en activo, por lo que las personas detenidas —que frecuentemente han sido víctimas de violencia y de experiencias traumáticas— permanecen allí expuestas de forma constante a los sonidos de disparos y explosiones. Durante ese día y como señal de protesta, los migrantes comenzaron a encerrarse en las habitaciones y a poner carteles con la palabra “Freedom”.
Tres días después, el 12 de febrero, un grupo de manifestantes llegados desde varios puntos de Polonia, Alemania y otros países de la UE, se manifestó en Krosno Odrzańskie, a 50 kilómetros de Wędrzyn y donde también existe un centro de detención cerrado. Durante la manifestación se registraron incidentes y cargas policiales que terminaron con 11 personas detenidas, nueve de ellas acusadas de atentado contra la autoridad. Dos activistas tuvieron que ser hospitalizadas. “No estamos de acuerdo con la represión a los activistas que intentan ayudar a las personas detenidas”, declaraba por redes sociales el grupo No Borders Team, un colectivo autogestionado y anónimo muy activo en la denuncia de la situación. “No consentiremos que se criminalice la migración, privando de libertad a las personas, castigándolas por su lugar de procedencia y violando sus derechos humanos”, declaraban después de la manifestación. “Exigimos una política migratoria seria, que esté basada en un enfoque racional y que proponga soluciones para poner la vida y la salud de las personas primero”, destacaban los activistas.
Artículo publicado en El Salto y cortesía para Contagio Radio.
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