Fotografía tomada de Infobae.
La familia de Daniel Stiven Sánchez sigue siendo víctima de la violencia en Siloé, Cali. Tras el asesinato del niño de 16 años y el hallazgo de su cuerpo incinerado en un establecimiento local de Dollarcity, los familiares de Daniel han sido perseguidos e intimidados por miembros de la Policía Nacional y civiles armados.
De acuerdo a la Corporación Justicia y Dignidad, la familia Sánchez, ha padecido una intensa persecución desde el 30 de mayo, luego de denunciar públicamente el crimen cometido en contra de Daniel. La familia, además ha sido desplazada tres veces de manera forzada y aún así sigue siendo víctima de amenazas de hombres armados en motocicletas de alto cilindraje y de allanamientos por parte de la Policía.
El pasado viernes 21 de agosto, la familia conoció que se planea realizar un atentado en su contra, lo que los obligó a desplazarse de su residencia por cuarta vez y además, a separar su núcleo familiar. La Corporación Justicia y Dignidad también manifestó que tanto familiares como representantes de las víctimas han sido víctimas de una interceptación ilegal de teléfonos y aunque existe una orden judicial aún no son incluidos en programas de seguridad.
«A la fecha y pese a que existen orden judicial las víctimas no han sido incluidas en ningún programa de protección y se encuentran a merced de la violencia generalizada de persecución a víctimas, testigos y manifestantes luego de las jornadas del paro nacional».
Corporación Justicia y Dignidad.
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Daniel Stiven Sánchez no hacía parte de las manifestaciones ni de la Primera Línea de Siloé
La familia de Daniel Stiven Sánchez, afirmó que el niño no pertenecía a la Primera Línea de los puntos de resistencia en Cali, ni formaba parte de las manifestaciones que se dieron de forma pacifica en la glorieta de Siloé, y fueron reprimidas por el Escuadrón Antimotines, ESMAD y del Escuadrón GOES de la Policía Nacional.
De hecho, los familiares expresaron que el joven trabajaba con ellos y estaba al pendiente de su novia, quien sufre una una patología terminal, lo que le impedían participar de las jornadas de protestas. Sin embargo, según la organización, el 28 de mayo, Daniel, «fue detenido arbitrariamente por efectivos del ESMAD, cuando caminaba por el sector, golpeándolo en forma brutal y siendo subido por la fuerza a una tanqueta de la policía».
«Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante y reiteraba pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentaron rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD dispararon en contra de la brigada, impidiendo su acercamiento».
Corporación Justicia y Dignidad.
La organización también informó que no se realizo el seguimiento correspondiente del protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia, pues el menor intento ser ayudado por habitantes del sector y luego fue conducido a un centro médico y posteriormente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali.
El cuerpo de Daniel «fue entregado en condiciones deplorables» por Medicina Legal
Aunque se esperaba que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ayudará a esclarecer lo sucedido con Daniel Stiven, los familiares del joven afirmaron que su cuerpo fue entregado en condiciones deplorables luego de
la autopsia. El niño tenía «cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas tradiciones de exámenes forenses, justo en áreas donde familiares y testigos habían percatado la presencia de golpes contundentes».
La organización también contó que se tuvo que realizar una manifestación para reclamar la entrega del cuerpo, que aunque se encontraba reconocible y fue identificado por la familia Sánchez, permanecía en las instalaciones de Medicina Legal y quería ser pasado como un cadáver no identificado ante falta de huellas dactilares o ADN que «comprobaran su identidad».
Los representantes de la familia también denunciaron que solo con una acción de tutela fue posible tener el informe de necropsia del cuerpo y que este no cuenta con anexos correspondientes a fotografías, videos, exámenes de laboratorios, radiografías entre otros, lo que para la corporación indicaría que estos no fueron realizados.
Antes de entregarlo (informe de necropsia), las conclusiones fueron divulgadas públicamente en rueda de prensa por el director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Encinales, sin que estuviera presente ningún funcionario de Medicina Legal, en un acto totalmente ilegal. El dictamen es contradictorio a los testimonios que los familiares han obtenido sobre los hechos (…) no entendiéndose unos cortes de piel y musculo realizado por medicina legal en las partes donde se habían visto signos de golpes, considerándose que se alteró el estudio forense en favor de los responsables de la detención del menor. Para medicina legal la causa de muerte del menor fue la inhalación de vapores calientes».
Corporación Justicia y Dignidad.
La Corporación Justicia y Dignidad también aseveró que, la apertura de la investigación penal por homicidio sólo se realizó por parte de estas instituciones luego que los familiares del menor acudieran en vía de tutela en garantía del acceso de justicia y que es evidente que la fiscalía 13 seccional de Cali busca el archivo o preclusión de la investigación, por lo que exigieron a la Fiscalía General de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una unidad que investigue graves violaciones a los DD.HH. pues «no existen garantías de justicia en la seccional actual.
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