Este miércoles 3 de marzo, Pacifista reveló varios detalles sobre el nombramiento de José Augusto Rendón García como nuevo Defensor del Pueblo en Urabá. Este hecho ha causado indignación en varios sectores de defensa de los DDHH, pues el abogado tiene vínculos cercanos con empresarios, envueltos en los procesos de restitución de tierras que se siguen adelantando en la región.
Un factor que causa mayor preocupación en la comunidad del Caribe y Pacifico colombiano es que Rendón se ha manifestado en defensa de sectores privados en el pasado. Según la investigación de Pacifista la Defensoría del Pueblo registró en un documento al que tuvo acceso ese medio, afirmaciones en contra del proceso que devolvería las tierras a los campesinos y habitantes que fueron víctimas del conflicto en la zona.
“Afirmó el señor José Rendón que “esto se va a dañar porque están persiguiendo a las estructuras políticas y a los empresarios, y eso trae más violencia”, en referencia a las capturas que ha venido adelantando la Fiscalía General de la Nación”.
Documento de la Defensoría del Pueblo, con fecha del 7 de noviembre de 2014 conocido por Pacifista.
Lea también: Otra Mirada: Defensoría del Pueblo ¿una ONG más?
¿Conflicto de interés?
La afirmación que más llama la atención del documento de la Defensoría del Pueblo, donde quedó constancia de la visita al Consejo Comunitario La Larga Tumaradó (Riosucio, Chocó) es “(Rendón) afirmó que el Gobierno está gastando mucha plata en el proceso de restitución de tierras, y que deberían optimizarse los recursos promoviendo acuerdos con los empresarios”.
Jonathan Orozco, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, afirmó que la labor de la Defensoría del Pueblo en Urabá es muy importante. Pues es la encargada de realizar alertas tempranas en temas que afectan directamente a la comunidad y deben atenderse en los determinados entes gubernamental.
Además la Defensoría en Urába hace las veces de Secretaría Técnica en la Comisión Mixta de Seguimiento de las Medidas Cautelares de Seguridad en el caso 04, que además presenta balances a la JEP.
“Con el nombramiento del nuevo defensor, venia una desconfianza…Si las comunidades no tienen confianza en dar información al defensor, es una de dos, pueden poner en riesgo su seguridad y su vida o sienten que están echando en saco roto sus denuncias… El nombramiento de este señor en primer efecto es de desconfianza y genera que las comunidades queden desprotegidas”.
Jonathan Orozco, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Por otra parte el ahora Defensor del Pueblo ha sido criticado por presuntamente tener relación con empresas Bananeras como Agromark y ser defensor de Antonio y Claudia Argote, reconocidos empresarios ganaderos y bananeros que en desarrollo del proceso penal 3856 por desplazamiento y daños ambientales en Curbaradó acaban de ser acusados por el ente investigado.
Extrajudicialmente un testigo afirmó que los vínculos con el paramilitarismo de Antonio Argote se iniciaron con la financiación a paramilitares responsables de la Masacre de Honduras y La Negra en 1988 en la. Región del Urabá. Años después este empresario creó y promovió una empresa de seguridad privada CONVIVIR.
Lea también: 19.402 procesos de restitución de tierras siguen frenados en Antioquia
La Comunidad no le da la bienvenida al nuevo Defensor
En Contagio Radio conocimos que las Familias del Consejo Comunitario de Cacarica; de zonas humanitarias y de biodiversidad de Curbaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla; el Resguardo Humanitario Sobia Dura Alto de Guayabal y la Asociación de Mujeres víctimas de Riosucio, Chocó, Clamores manifestaron su absoluto rechazo al nombramiento de José Rendón y afirmaron que cesan toda interlocución con la Defensoría que ahora vulnera su derechos.
“Un Defensor del Pueblo quien en ejercicio de su profesión hizo acusaciones contra las víctimas reclamantes de tierras al asociarlos a las FARC o que protegió con estrategias legales el despojo violento a través de la creación de opositores a los procesos de restitución está muy lejos de generar garantías para las comunidades étnico territoriales y campesinas, despojadas y desarraigadas, y que hoy siguen siendo violentadas con las armas para los llamados terceros.
Esperamos que el Defensor Nacional se retracte de una ilógica, absurda y revictimizante decisión”.
