Organizaciones sociales de Derechos Humanos, junto a la delegada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Julieth de Riveros y el Senador Iván Cepeda, entregaron hoy al presidente Gustavo Petro, un plan de emergencia para proteger la vida de los líderes sociales en Colombia.
Esta estrategia está motivada en los más de 930 líderes sociales asesinados durante el gobierno de Iván Duque y más de 1500 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. Situación que se convierte en crítica y la cual debe ser detenida con la implementación del Acuerdo, así como la puesta en marcha de medidas urgentes.
Estos son los detalles de la propuesta para la protección de los líderes sociales
El plan presentado por las organizaciones contiene 52 acciones que deberán ser realizadas en los primeros 100 días del gobierno Petro y que además están sectorizadas en los municipios que concentran los más altos niveles de violencia.
La estrategia contiene 52 acciones, 29 de ellas para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno, en 65 municipios agrupados en siete subregiones que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticos del país.
Iván Cepeda
Además de esta sectorización de los riesgos, la propuesta de las organizaciones plantea la puesta en marcha de 5 ejes de acción, entre los que se contemplan las acciones de protección inmediata por parte de la fuerza pública, la presencia del Estado, en Puestos de Mando Unificados en las zonas más golpeadas por la violencia contra líderes, la superación de la impunidad en los crímenes cometidos y el desarrollo integral de los territorios.
Dentro del plan también se encuentra la reactivación de los espacios de diálogo con la sociedad civil y los firmantes de la paz espacios que deben tener presencia del gobierno para que se adopten las decisiones y las acciones necesarias de acuerdo a las características de cada territorio.
Por su parte el presidente Gustavo Petro aseguró que el documento será estudiado en el consejo de ministros y puso de manifiesto dos temas que serían de discusión urgente. Por una parte la prohibición total del porte de armas por parte de civiles y la discusión en torno al narcotráfico con un enfoque diferente al que se ha venido aplicando en los últimos años.
También hay que tener en cuenta que la implementación de la política de Paz Total, busca que haya alivios humanitarios para comunidades afectadas por la guerra, así como la posibilidad de acabar toda confrontación armada. Dicha política complementa unas acciones integrales a favor de la paz.
La presentación de esta estrategia al propio presidente electo es un triunfo para las organizaciones sociales qué no tuvieron espacios de diálogo de escucha Y de puesta en marcha de sus exigencias en el gobierno de Iván Duque por ellos saludaron este escenario como un buen signo de lo que viene para la sociedad en el gobierno Petro.
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