El líder indígena Leonidas Iza. Fotografía cortesía.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, denunció la detención ilegal y arbitraria llevada a cabo en la madrugada del 14 de junio por agentes de las Fuerzas Armadas, en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, a cuestas de Segundo Leonidas Iza Salazar, indígena del pueblo Kichwa y actual presidente de la misma organización.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos: “la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena”.
El hecho se dio en el marco del Paro Nacional convocado a partir del 13 de junio por CONIAE, FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), FEINE (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador) y FENABE (Federación Nacional de Productos Bananeros del Ecuador).
Las organizaciones llamaron a la “clase trabajadora del campo y la ciudad” a una “movilización nacional” para impulsar una “agenda unitaria” de resistencia al modelo económico capitalista neoliberal. Específicamente, así expresaron sus exigencias:
“empleo e ingresos laborales dignos, congelamiento del precio de los combustibles y de la canasta básica, abastecimiento e insumos médicos en los hospitales, respeto a los precios de los productos de las unidades campesinas pobres, ingreso a las universidades a los jóvenes de familias trabajadoras, ataque a la lumpenización del Estado y al despliegue de las bandas delincuenciales que soportan dicho negocio”.
Dos días antes de la convocación del paro nacional, es decir el 11 de junio, CONIAE alertó con un comunicado sobre las preocupantes frases expresadas por el ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, quien estigmatizó la movilización anunciado represión contra la población civil.
“Las recientes declaraciones de Castillo evidencian el escenario y narrativa que intentan crear para confundir a la opinión pública y justificar la masacre, peligrosamente buscan crear un enemigo interno, implantar un cerco mediático, a su vez que utilizan el aparato de inteligencia del Estado para seguimiento a dirigentes sociales y anuncian que habrán “saqueos, secuestros”.
CONIAE denunció el 14 de junio la respuesta estatal a la convocación del paro, criticando la decisión del Presidente Guillermo Lasso de desplegar ingentes tropas militares en la capital Quito, mientras que el paradero del líder indígena Leonidas Iza sigue siendo desconocido.
“Este es un claro accionar represivo que viola el justo y legítimo derecho a la protesta, de un pueblo levantado que reclama por su derecho a vivir con dignidad. Exigimos su inmediata liberación y hacemos responsable al estado por su integridad física”.
Sobre la detención del líder social se expresó también la Fiscalía General del Estado de Ecuador, afirmando que “el mencionado ciudadano no ha sido puesto a órdenes de esta Institución y que tampoco ha recibido el parte policial respectivo para conocer los detalles que la habrían motivado”. Es decir, la Fiscalía no recibió informaciones sobre la detención, lo que preocupa aún más sobre el paradero del líder y demuestra el carácter arbitrario de la operación.
La Fiscalía comunicó, además, que la fiscal Diana Salazar Méndez dio órdenes a los fiscales provinciales “para que coordinen procedimientos y acciones con las autoridades correspondientes, con el objetivo de evitar detenciones ilegales o arbitrarias”.
Desde Colombia, el Consejo Regional del Cauca – CRIC manifestó su apoyo a las exigencias expresadas por la población civil y rechazó “categóricamente” la detención de Leonidas Iza Salazar, llamando a “su libertad inmediata”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, finalmente, señaló que “pese a que la convocatoria y realización de un paro no es delito sino el ejercicio legal y legítimo de la protesta social y de la resistencia, derechos protegidos constitucionalmente, altas autoridades gubernamentales se han dedicado a estigmatizarlas”.
Cabe destacar que la constitución ecuatoriana autoriza en su Artículo 98 el derecho a la resistencia y protesta social: «los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos«.
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