Paro armado no acaba para las comunidades. Fotografía cortesía.
En medio del paro armado que estableció el Clan del Golfo o las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), las calles de 10 departamentos quedaron vacías desde este jueves 5 de mayo.
Dicha acción se realizó como una «protesta» del grupo armado ante la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», y contrario a lo que afirmó el Gobierno Nacional, logró perturbar la tranquilidad de más de 70 municipios.
Tras llevar a Úsuga a Estados Unidos, el presidente Iván Duque afirmó que la extradición era el fin cercano del Clan del Golfo, sin embargo, el grupo cometió al menos 150 vulneraciones de DD.HH., esto según el registro de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante este domingo, la Iglesia Católica y organizaciones comunitarias y en defensa de los Derechos Humanos pidieron el cese del paro, en la tarde el grupo afirmó que a partir de las 12 de la noche, es decir en la madrugada de este lunes 9 de mayo, cada ciudadano y ciudadana podía retomar su labores cotidianas.
Circulan audios que intimidan a las comunidades
En la región de Calima en Buenaventura, Valle del Cauca, y en donde antes del paro armado ya se registraban ráfagas de disparos, confinamientos, desplazamientos, amenazas y otras vulneraciones de DD.HH., la comunidad está en medio de la incertidumbre.
Un gobernador indígena, cuyo nombre reservamos por temas de seguridad, nos compartió un audio que supuestamente pertenecería a miembros del Clan del Golfo y que ha circulado por la aplicación de mensajería de WhatsApp y en donde se afirma que habría una extensión del paro armado en esa región.
Pesé a que no hay un comunicado que confirme lo que se divulga en los audios, la población permanece confinada. «No hemos salido por que no hay transporte marítimo ni fluvial en el río», expresó el gobernador.
Un habitante de la cuenca del río Cacarica, Chocó, afirmó que no se ha confirmado el levantamiento del paro, «hay rumores simplemente, cuestiones de audios donde el comandante informa a sus subalternos que ya se levantó el paro y que ha trabajar se dijo, pero a las comunidades no se les ha llevado un informe donde se les dice que ya se levantó el paro, volvemos a ser libres, podemos movernos, todavía estamos a la espera».
«Hoy en la mañana amanecimos con la información de que se había levantado el paro, sin embargo acá, oficialmente, no tenemos una certeza (…) Prácticamente estamos retenidos en nuestra propia comunidad, hay un confinamiento, hay escases de bienes porque por orden de las AGC las pequeñas tiendas que hay no pueden despachar nada (…) No tenemos grandes cantidades de dinero, ni tenemos la oportunidad de mercar a gran escala pues se nos escasea y ahí viene el hambre».
Habitante de Cacarica.
El habitante de Chocó expresó que cuestionan las acciones de las AGC, pues las principales víctimas del paro armado son la población civil inocente, gran parte población rural y de víctimas. «Somos consientes de lo que pasó, nosotros mismos no estábamos de acuerdo con la decisión del presidente, pero no pueden ellos también afectarnos a nosotros. Primero el Gobierno nos afecta evitando que sepamos la verdad y luego las AGC nos confinan en nuestras propias comunidades para no salir al campo a producir», agregó.
«Si en tiempo de hambre se le impide al agricultor a salir, pues significa que se va a recrudecer el hambre», agregó un ciudadano, mientras otro más nos contó que se vio muy afectado por el paro, pues «no podía ir al monte a trabajar para recoger un arroz o un ñame (…) Eso me afectó mucho, no he podido ir a trabajar, de pronto mañana podemos ir a trabajar, no sé sabe».
No hubo presencia militar durante paro armado
En una entrevista para La W, el ministro de Defensa, Diego Molano señaló que hubo presencia de Ejército Nacional en más de 30 municipios, sin embargo son al menos 73 las zonas afectadas. Las comunidades que entrevistamos afirmaron que la Fuerza Pública nunca hizo presencia en los territorios y siempre han sentido un abandono estatal.
Un ciudadano nos manifestó que ven como paramilitares y militares ejercen control territorial, mientras otro afirmo que si hay un despliegue de la Fuerza Pública en su territorio se sentiría más atemorizado e incluso representaría más violencia y muertes.
Una víctima de la violencia y habitante de Apartadó, Antioquia, expresó que en esa zona las personas salieron a trabajar el día de hoy, sin embargo relató que vivieron días de angustia y responsabilizó al Gobierno Duque por las violaciones a los DD.HH. registradas en la región.
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