El 16 de agosto la Defensoría del Pueblo denunció un paro armado en la subregión Medio San Juan (Chocó) llevado por el ELN. Además, cuenta de enfrentamientos entre la guerrilla y el Clan del Golfo. La mayor preocupación es la amenaza para las 25.000 personas que viven en la zona. Javier Sarmiento Olarte, Procurador delegado para los Derechos Humanos, pide al Gobierno medidas para que sean respetadas sus vidas. Los guerrilleros desmienten la orden de paro y denuncian un plan para sabotear el proceso de paz.
Por William Kleckner, Contagio Radio
Bogotá. Es desde el 16 de agosto que la Defensoría del Pueblo puse la atención sobre un paro armado levantado por el ELN en la localidad San Miguel, del municipio Medio San Juan (Chocó). Esa medida se levantó en el medio de enfrentamientos armados entre la guerrilla y el Clan del Golfo, donde fallecieron miembros de ese ultimo y cuatro fueron heridos. El hecho específico que se denunció fue la restricción del transporte fluvial por el río San Juan que pone en riesgo de confinamiento y desplazamiento a la población cerca del río o que lo utiliza para sobrevivir.
Ayer el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, ha rechazado en nombre de su autoridad el paro y ha pedido medidas adecuadas desde el Gobierno. Frente a esa situación que pone a más de 25.000 familias confinadas y sin posibilidades de acceso a alimentación, salud y educación, el llamamiento y la denuncia del procurador es contundente: “La población civil no puede seguir siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado, ni como sociedad, podemos admitir ni permitir la ocurrencia de estos hechos”
El grupo insurgente desmintió la orden de iniciar un nuevo paro y denunció los ataques en su contra por parte del Clan del Golfo y de otros grupos armados en medio del cese bilateral llevado a cabo desde el 3 de agosto con el Gobierno. Además, ayer desde Caracas (Venezuela) Paolo Beltrán, jefe negociador del ELN, denunció una ofensiva mediática y armada en los territorios para sabotear el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno.
“En momentos en que ha iniciado un cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN, que comenzó el 3 de agosto, y comenzó todo el proceso de participación de la sociedad en simultáneo, extrañamente, han comenzado a haber dos tipos de procesos paralelos. Uno, en los territorios, donde una serie de grupos han comenzado como una serie de acciones ofensivas tanto contra las fuerzas del gobierno como contra las del ELN. ¿Qué buscan? ¿Dañar el cese? ¿Inestabilizar al gobierno? ¿Presionarlo para hacer exigencias? Entonces nosotros nos hacemos esas preguntas” esas fueron las palabras proferidas por el guerrillero.
Y frente a la desconfianza hacia la actitud del ELN de respetar el cese al fuego y su búsqueda de la paz, señalada por la Procuraduría, Beltrán contestó esto: “Hay un plan [para desestabilizar las negociaciones], entonces eso genera suspicacias y dudas al interior nuestro y por supuesto, hace que elevemos la guardia, protejamos más a las comunidades y estén a la orden del día las operaciones defensivas”.
Después del caso Barbosa y las denuncias por parte de las FF. AA. de incumplimiento del cese al fuego del ELN, esta noticia pone en riesgo el progreso de las negociaciones de paz llevadas a cabo por el gobierno de Gustavo Petro, quien puso mucha atención en alcanzar la paz con esta guerrilla.
