Paro armado de las AGC se extendió en Calima y San Juan. Fotografía Youtube Angelflightsdrone drone.
El pasado domingo 8 de mayo, el Clan del Golfo anunció que el lunes 9 de mayo terminaba el paro armado establecido tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel». El grupo irregular además daba aval para que la población retomará sus labores cotidianas, sin embargo, dicho paro se extendió en la región de Calima en Buenaventura, Valle del Cauca y San Juan, Chocó donde persiste la zozobra.
A pesar del levantamiento, comunidades indígenas y afro de esa zona permanecen confinadas, debido a que circula un audio desde el pasado lunes en donde se señala que el paro armado de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), se mantiene hasta el 15 de mayo.
Un líder indígena, a quien le reservamos el nombre, nos manifestó que no sabían si podían o no salir y que el transporte fluvial y marítimo no estaba en funcionamiento, dificultando aún más la salida de sus viviendas y la adquisición de alimentos.
Desde el año pasado, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha alertado sobre el accionar del Clan del Golfo y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en Calima y San Juan, donde parece que el paro armado no acaba nunca, al igual que el abandono estatal que también denuncia la organización de DD.HH.
“Comunidades continúan confinadas por las operaciones de las AGC en estos territorios en donde prolongan el paro armado (…) Ya escasean los alimentos pues la estructura heredera del paramilitarismo ha prohibido pescar, cazar, y recolectar sus cosechas de pancoger (…) En la mañana del martes 10 de mayo en la cabecera municipal de Docordó se observó que algunos establecimientos comerciales no cuentan reservas de víveres en sus bodegas y recibieron la orden por las AGC de cerrar hasta nueva orden”.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La Comisión insiste en que este tipo de hechos violentos y vulneraciones de DD.HH. puede acabar con la implementación del Acuerdo Humanitario Global y Paz Global Territorial, propuesto por las comunidades acogidas en Somos Génesis. “Está demostrando que ese era el camino, mas que una continuidad de la política de seguridad llamada paz con legalidad que ha ido deshaciendo el Estado de Derecho con más profundidad”, aseveró la organización que acompaña a las comunidades de esos departamentos.
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