En dos sesiones que se dieron durante esta semana, concretamente el 21 y 22 de Abril, varios parlamentarios británicos en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores, expresaron fuertes y serias preocupaciones relacionadas con la situación de DDHH en Colombia.
Las preocupaciones estuvieron centradas en el asesinato de manifestantes en las movilizaciones sociales, haciendo énfasis concretamente en el asesinato de 13 personas en Septiembre de 2019, todos ellos muertos a manos de la policía nacional.
También expresaron preocupación por las crecientes denuncias en torno a la pérdida de la vista de varios manifestantes, también a manos de la policía nacional en respuesta a las protestas. En la Cámara de los Comunes el representante Ian Byrne destacó su preocupación frente a estos casos.
Por su parte en la Cámara de los Lores, el Lor Ray Collins, encargado de Asuntos Exteriores para el Partido Laborista, lamentó el asesinato del sindicalista colombiano Carlos Vidal el día 29 de marzo de este año.
Parlamentarios Británicos también preocupados por implementación del acuerdo de paz
De igual forma expresaron su preocupación en torno a la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado por las FARC y exigieron respuestas sobre las medidas que ha tomado el gobierno nacional, en cuanto a políticas públicas para el desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo como lo especifica el acuerdo.
“Ha habido información preocupante de un mayor número de manifestantes colombianos que han perdido la vista después de ser impactados por proyectiles disparados por la policía” dijo el diputado, quien visitó Colombia en 2019.” Esto lo detalla un comunicado de la Organización Justicia por Colombia emitido este 22 de Abril.
En respuesta, los ministros presentes destacaron que Colombia sigue siendo un país prioritario para el gobierno británico en términos de derechos humanos y reafirmaron su apoyo al proceso de paz.
Vale la pena recordar que un grupo del parlamento británico visitó a Colombia en 2020 para verificar de primera mano las reiteradas denuncias de organizaciones de DDHH como la Comisión de Justicia y Paz, con quienes visitaron varios territorios en el Bajo Atrato Chocoano.