Foto: CSPP
Ante la lucha de más 18 años de la familia de sindicalista Adolfo Munera López, por la justicia y la verdad de su asesinato; el pasado 19 de mayo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, falló en contra del Estado colombiano por no investigar a los responsables de este homicidio.
El caso llegó a la comunidad internacional, gracias al respaldo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), quienes se encargaron de presionar por el esclareminento del crímen de Múnera, ante la inoperancia de la justicia interna.
Alberto Brunori, director de la Oficina la Alta Comisionada de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, reconoció la lucha de casi dos décadas de la familia de Adolfo, «en la búsqueda de Justicia verdad y reparación».
He indicó que el Estado tiene la responsabilidad de responder a puntos como; «llevar a cabo una investigación pronta exhaustiva, eficaz, imparcial, dependiente y transparente sobre las circunstancias del homicidio con el objetivo del establecimiento de la verdad».
Por otro lado deben proporcionar los autores a los familiares información detallada sobre los resultados de estas investigaciones, también una «indemnización adecuada a los familiares, incluyendo los gastos legales y razonablemente».
Y enfatizó en que el la Oficina reconoce que, «la Fiscalía hizo investigaciones ante este hecho, pero que a pesar de ello la investigación aún no es completa, especialmente al punto de la investigación y sanción de los presuntos autores intelectuales»
La lucha de Adolfo Munera en contra de las transnacionales
Adolfo Múnera, hacía parte de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), y durante años defendió los derechos de los trabajadores de Coca-Cola; a pesar de ello durante 1997 fue señalado, perseguido e investigado de pertenecer al ELN.
Situación que según su esposa Gladys Rincón de Munera, lo llevó a salir de la ciudad varias veces y vivir con miedo cada día, «no entiendo porque lo asesinaron, mi esposo no era guerrillero, lo asesinaron solo por ser un sindicalista, y por eso pedimos justicia».
Adolfo Munera, fue asesinado a la salida de la casa de su madre el 31 de agosto de 2002 en Barranquilla; ante ello el Estado colombiano indicó que se trato de un delito de intereses políticos y cerró la investigación condenando a 17 años de prisión al autor material.
Dejando de lado las investigaciones de los autores intelectuales y «la eventual responsabilidad de la multinacional Coca-Cola que había sido denunciada públicamente por vínculos con grupos paramilitares”, indicó Franklin Castañeda, presidente del CSPP.
Por otro lado, Javier Correa, secretario general de Sinaltrainal señaló, que el asesinato de Adolfo Munera, «se da cuando en el país estaba gobernando un partido de ultraderecha, donde se generó una persecución sistemática e integral contra todo el movimiento sindical y social«, destacando que es un patrón que hoy nuevamente se está repitiendo en el país.
«Hoy el país reclama justicia social y defiende sus anhelos de paz , pero lo único que recibe es represión, criminalización y exterminio por parte del Gobierno»
Javier Correa | secretario general de Sinaltrainal
Asímismo destacó que Sinatrainal ha sido víctima de 32 asesinatos, 11 de trabajadores de la trasnacional Coca- Cola, «somo una organización que ha sido víctima de encarcelamiento en más de 48 ocasiones una organización que tiene compañeros exiliados, y una constante política de persecución».
«El asesinato de Adolfo lo entendemos como estrategia de silenciamiento, nos sentimos muy agradecidos porque en este momento esta decisión del comité de Derechos Humanos mantiene viva la esperanza de llegar a los autores intelectuales de los crímenes que se cometen en Colombia, y romper de alguna manera la cadena de impunidad, y seguir nuestra lucha por la verdad la justicia y la reparación», concluyó Correa.
Finalmente Raffaele Morgantini integrante del Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), organización internacional que apoyó el proceso junto a la CSPP y Sinaltrainal para que se llevara a la ONU, señaló,«que como organización comprometida con la promoción de los Derechos Humanos, la justicia social y la participación popular felicitamos esta decisión histórica».
Y ratificó que lo que rompió Colombia a, «fue un pacto internacional que va más allá de las leyes nacionales, y en donde se debe comprometer a cumplirlo de manera inmediata», y relató que este paso es un ejemplo hacia las luchas que se dan en todo el mundo por la defensa de la vida y los DDHH.
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