Misión S.O.S Colombia evidencio tratamiento de guerra en la protesta social. Fotografía ilustrativa AP.
Este jueves 7 de octubre, la Misión internacional de verificación S.O.S Colombia, presentó el informe final de su visita. El documento de más de 80 paginas se da tras la labor de observación y escucha de testimonios de 41 comisionados de 14 países que visitaron a Colombia entre el 3 y 12 de julio de este año.
Con el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación Forjando Futuros, el Centro de Investigación y Educación Popular – Programa Por la Paz (CINEP-PPP), la plataforma de DD.HH. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y otras organizaciones que hicieron el llamado a los y las comisionadas de la Misión, los verificadores recorrieron 11 regiones del país y recopilaron más de 180 testimonios de víctimas de la Fuerza Pública.
En el informe final se da cuenta de el tratamiento de guerra empleado por el Gobierno Nacional frente a la protesta social. Según la Comisión de observación, las motivaciones de los ciudadanos se fundamentan en los reclamos frente a la pobreza extrema, la inequidad, la violencia y el incumplimiento del Acuerdo de Paz que casi cumple cinco años.
Dentro de los elementos que impulsaron la movilización, los y las comisionadas internacionales resaltaron las «demandas emergieron de forma específica al calor de la propia coyuntura. Es el caso de la exigencia de oportunidades laborales, educativas y hasta existenciales para las juventudes populares».
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«Se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil»: Misión S.O.S Colombia
Desde presentaciones anteriores, los y las comisionadas han resaltado que el manejo de la protesta social en nuestro país, ha sido emplear prácticas utilizadas en contra de grupos armados ilegales, pero contra los y las ciudadanas. El comisionado español, Félix Ovejero, afirmó que «se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno».
Dentro de los hallazgos de la Misión están once estrategias de tratamiento de guerra para la protesta social que corresponden al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; la utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones para causar mayor letalidad; métodos de persecución a manifestantes, brigadas de salud, defensores de DD.HH. y prensa alternativa; montajes judiciales, suplantación de pruebas o abuso de poder con la judicialización; acciones de terror y control social con toques de queda, infiltración de uniformados en las protestas; paramilitarismo y presencia de civiles armados; violencias basadas en género contra los cuerpos de las mujeres; discursos clasistas y racistas en contra de indígenas, afros y jóvenes de sectores populares; aprovechamiento de la noche para perpetrar violaciones de DD.HH. ataques y ordenes de altos mandos de la Fuerza Pública y del Gobierno en contra del marco legal de la protesta y la competencia de autoridades departamentales.
Dentro de los métodos de victimización encontrados por la Misión, están también los homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia basada en género, tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, estigmatización y señalamientos. Los y las comisionados también señalaron como responsables a la Policía Nacional, Ejército Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Ministerio de Defensa, Gobierno Nacional y civiles armados que actuaron convenientemente con Fuerza Pública.
Duván Felipe Barros fue uno de los casos que más conmocionó a los y las comisionadas de la Misión, quienes recibieron el testimonio de Dolores, medre de Duván y quien había emprendido una búsqueda de su hijo, quien desapareció al parecer por miembros del ESMAD y quien fue hallado murto el pasado 12 de julio.
De acuerdo a los datos recibidos por la Comisión Internacional, son más de 3.600 las víctimas de detenciones que según la Misión fueron «masivas y violentas y estuvieron acompañadas de torturas». El comisionado Ovejero, también mencionó el caso de una mujer que fue abusada sexualmente por 4 agentes de ESMAD en Pereira, evidenciando los ataques sufridos por mujeres manifestantes, abogadas, médicas y periodistas.
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Comisionados insistieron en la obligación del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH
La misión de Observación presentó más de 40 recomendaciones al Gobierno Nacional, en la que invita a que cesen los señalamientos y amenazas, que se detenga el uso de municiones de impacto cinético para el control del orden público y de manifestantes, que se derogue definitivamente la asistencia militar y se liberen a los jóvenes detenidos de manera arbitraria.
Los 41 comisionados y comisionadas también manifestaron que la comunidad internacional debe restringir el financiamiento para la Fuerza Pública colombiana, la venta de armamento y la cooperación internacional para jóvenes que exigen garantías de vida, educación y trabajo.
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