11 familias de firmantes del acuerdo de paz, que suman 47 personas, se desplazaron del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda Santa Lucía de Ituango, huyendo de los grupos armados que los amenazaron hasta expulsarlos del territorio.
Estas familias fueron las que resistieron a la oleada de violencia que en Julio de 2020 salieron huyendo a la muerte hacia Mutata. En ese momento decidieron no abandonar el territorio pues la esperanza de sacar adelante su proyecto de paz seguí viva.
A pesar de las amenazas y los 4 asesinatos que han enfrentado las familias de excombatientes desde que están en reincorporación en el municipio, s toman la decisión de quedarse en el municipio y trasladarse a otros predios aledaños, ya que su intención es seguir con sus proyectos productivos y otros que han adelantado en el marco del Acuerdo de Paz.
El desplazamiento se da por los asedios y amenazas que sufren los habitantes por los grupos armados que tienen presencia en este municipio, que son las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Omar Restrepo, Representante a la Cámara por el partido Comunes, dijo que se habían presentado amenazas a unos reincorporados e incluso a una pareja por parte de actores armados, donde las amenazas y hostigamientos son frecuentes.
Restrepo aclara que esta es una de las consecuencias por las pocas garantías del Gobierno colombiano y la fuerza pública para proteger la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz.
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La no implementación del Acuerdo de Paz
Comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas por la defensa de los DDHH y la construcción de paz, retomaron un comunicado y reiteraron el llamado al Gobierno colombiano de junio de 2020, para que dé cumplimiento total del Acuerdo de Paz y retome los diálogos con el ELN.
El comunicado llamado “Ituango: radiografía de la no implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”, se emitió denunciando la muerte de los niños Camilo Sucrequia Durango y Carlos Barrera, familiares de miembros del partido político Comunes, hecho ocurrido cerca del ETCR de Ituango.
Hasta ese momento, junio de 2020, según cifras de la INDEPAZ, habían sido asesinados 43 familiares de firmantes, se había hecho la operación llamada “operación mil” ejecutada por grupos paramilitares y con un saldo de 12 asesinatos a excombatientes y el constante hostigamiento y asesinato a líderes sociales hacen ver las faltas de garantías y de cumplimiento de los Acuerdos por el Gboierno de turno.
Por estas razones, las comunidades y procesos reiteran las solicitudes hechas en dicho comunicado, las cuales piden el cumplimiento total del Acuerdo de Paz, la retoma de los diálogos con el ELN, el acompañamiento físico en las áreas de reincorporación de la Verificación de las Naciones Unidas y la solicitud de que las organizaciones sociales nacionales e internacionales dirijan cartas instando al Gobierno a la protección de la vida de las víctimas del conflicto armado.
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