En un comunicado público y una rueda de prensa, las autoridades eclesiales católicas y de otras denominaciones reclamaron un escenario de diálogo al gobierno Duque para buscar salidas a la crisis humanitaria de varias comunidades en Antioquia y Chocó, en las cuales las iglesias verificaron, a través de misiones humanitarias, las reiteradas violaciones de DDHH y las consecuencias de la guerra contra la población civil.
En una rueda de prensa los representantes de las iglesias aseguraron que lo que encontraron en esas misiones humanitarias es muy grave y más grave aún es que no hayan tenido ninguna reacción por parte del gobierno de Iván Duque, en la que se esperaba se pudieran buscar salidas que alivien la situación de las comunidades.
Uno de los convocantes fue Monseñor Barreto, Obispo de Quibdó, quien aseguró que en lugar de abrirse espacios de diálogo, han encontrado una actitud de negación y de silencio, pero además, una actitud hostil por parte de las FFMM que reclamaron una retractación a pesar de las constataciones de las Misiones Humanitarias.
«Nos pedía la Fuerza de Tarea Conjunta Titan que nos retractáramos o ampliáramos la información, la XV Brigada, con sede en Chocó, y la IV Brigada, con sede en Antioquia, nos pidieron que nos retractáramos. Es la respuesta que se ha venido dando desde la institucionalidad, concertadamente el Gobierno ha dicho que se está dando una buena intervención en el Chocó y que están cumpliendo con sus deberes constitucionales, lo cual nosotros lo rechazamos, creemos que no es así y hay compromisos que se deben fortalecer»
Monseñor Barreto
Las misiones humanitarias del ZISOCC
Las Misiones Humanitarias de las iglesias fueron enfáticas en señalar que las denuncias de las comunidades en Antioquia y Chocó, demostrarían una relación muy preocupante entre unidades militares y los grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, lo cual habría provocado la reacción de las FFMM.
Sin embargo, en las últimas horas, tanto militares como paramilitares han confirmado lo denunciado por las comunidades campesinas, negras e indígenas en torno a las acciones coordinadas del Ejército y los Grupos Armados Organizados en varias regiones del país como en el Urabá.
Hasta el momento se desconoce una respuesta por parte del gobierno pero se espera que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo puedan hacer parte del diálogo exigido por los representantes de las iglesias.
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