En la Vereda de Totumito-Carboneras de Tibú, en el Norte de Santander, fueron asesinadas 3 personas. El acto sería ejecutado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ya que se hizo una denuncia sobre la incursión y la presencia de este grupo armado en las veredas de los municipios de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú. Según la INDEPAZ, esta sería la octava masacre en el 2021.
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En peligro el Norte de Santander
A las 9 de la mañana del 29 de enero, un grupo de hombres que estaban armados e identificados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, incursionaron en una finca dentro del sector las Taquillas de la vereda en el municipio de Tibú.
En el lugar trabajaban alrededor de 10 personas, de las cuales, 3 fueron asesinados y las otras 7 alcanzaron a huir del lugar. La masacre ha ocasionado que la población del municipio de Tibú se desplace masivamente a otros sectores.
Horas más tarde, como lo relata la denuncia, otro grupo de las AGC ingresaron a las veredas El Socorro y El Seis, pertenecientes al Centro Poblado de Petrólea en el municipio de Tibú, el cual generó otro desplazamiento masivo.
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Los entes gubernamentales no responden
La denuncia, hecha por Wilfredo Cañizares Arévalo, director de la Fundación Progresar, aclara que los hechos ocurren en un contexto de incursión paramilitar de las AGC, ocurridas el 14 de diciembre de 2020 en las zonas rurales de Cúcuta, y resalta que las autoridades civiles, policiales y militares no han tenido una respuesta oportuna para responder a la presencia de estos grupos armados.
Para esta situación, han sido enfáticos en reportar los sucesos de avistamiento y presencia del grupo paramilitar al Gobierno Nacional, a los organismos de control, a la Defensoría del Pueblo, al Gobernador del Departamento y a los alcaldes municipales de Cúcut, Tibú y Puerto Santander para que tomen medidas inmediatas y eficaces para proteger la vida de la población, pero no han tenido respuesta alguna.
Exigen respuesta del Gobierno Colombiano
Para intentar solucionar el problema, exigen que de manera urgente, las entidades competentes haga la labor de sus obligaciones, para que se atienda de manera inmediata la emergencia por la que está pasando los municipios de Cúcuta, Puerto de Santander y Tibú, cumpliendo con lo que se presenta en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011.
Por último, hacen un llamado a las autoridades locales, regionales, nacionales y a la Procuraduría, a que ejerzan un debido cumplimiento de las funciones disciplinarias, de intervención y de seguridad para la población civil.
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