Durante una entrevista periodística, el General Zapateiro, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la operación militar en Puerto Leguízamo, en la que fueron asesinadas 11 personas, por lo menos 6 de ellas civiles, no fue la primera en la que son asesinadas mujeres embarazadas o menores de edad. Dicha afirmación desbordó la indignación nacional que pide la salida del general y del Min Defensa y además piden que sean procesados por la justicia.
La entrevista, concedida este 11 de abril a periodistas de RCN, se ha convertido en una de las principales fuentes para cuestionar el actuar de las Fuerzas Militares en este y otras operaciones, pues es evidente que no estarían actuando a la luz del Derecho Internacional Humanitario y las leyes colombianas que ordenan la protección de los civiles en el conflicto.
Por esta «justificación» que no tiene precedentes en el accionar de las FFMM y la actitud del presidente Duque, quien también ha justificado la masacre, ya crecen las voces que piden que además de que el Min Defensa debe renunciar, es necesario que se abra una investigación y un proceso penal, puesto que los hechos y las verdades que han arrojado las investigaciones periodísticas darían pie a que se establezcan responsabilidades penales.
Hasta el momento el discurso oficial se mantiene y las exigencias de la sociedad siguen creciendo en el sentido de que haya justicia para las víctimas. Además, en la situación del departamento y la vereda se ha podido establecer que reina el temor por las represalias tras las denuncias y muchos de los habitantes de la región siguen sufriendo el desplazamiento forzado sin asistencia por parte del gobierno.
Lea también: Duque no tiene argumentos reales para defender su política de paz en la ONU
