Desde el inicio de 2020 hasta la fecha, la alcaldía de Nariño ha reportado 27 desplazamientos en el departamento, donde el municipio más afectado ha sido Roberto Payán.
Esta situación ya se había reportado en marzo por la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que había dado a conocer la complejidad de la crisis humanitaria que se vive en el departamento, donde evidenciaron que durante el 2021, el 41% de los desplazamientos del país han sido registrado en Nariño.
Francesca Piccin, vocera del CICR en Nariño, informó que cada 11 días se reporta un desplazamiento en Nariño, el cual afecta a la población civil. En las cifras de la alcaldía, se registran 14.000 personas afectadas por desplazamiento, en las que se encuentran 5.000 niñas y niños.
Esta situación se viene presentando por los conflictos armados que se viven en la región entre las disidencias de las FARC, el ELN y miembros del Clan del Golfo por la disputa de las rutas de narcotráfico. A esto, se le suma que varias veredas están rodeadas de minas antipersonal para el control del territorio.
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El Gobierno no responde a los llamados de la población y de organizaciones sociales de Nariño
Las familias que han sido afectadas, han manifestado su temor de regresar a sus hogares por falta de garantías de seguridad y el temor que provoca el constante asedio y enfrentamiento de los grupos armados.
Desde comienzos de Julio, varias autoridades de Roberto Payán vienen solicitando ayuda al Gobierno nacional para atender a las familias desplazadas y haciendo llamados internacionales para que lleguen mayores recursos al municipio.
Varias organizaciones sociales del departamento, han alertado de la falta de ayuda por parte del Gobierno, cuya negligencia sobre la crisis ha provocado que la población no tenga comida, haya carencia de agua potable y elementos para la subsistencia diaria.
Además, la problemática se acrecienta cuando no hay garantías de vida para los líderes de la sociedad. Este situación se puede evidenciar por ejemplo, con el reciente asesinato de Daniel Torres, lider afrodescendiente, el pasado 30 de junio.
Ante esta situación, la CIDH pidió investigar a los responsables y alertó sobre la situación de seguridad que presentan las comunidades de la costa pacífica nariñense por la presencia de grupos armados en la región.
Por estas razones, organizaciones sociales, líderes y lideresas y la sociedad civil, piden la presencia del Estado y de la Defensoría del Pueblo para que generen garantías de seguridad hacia la población.
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