Foto: Contagio Radio
16 Mar 2019
Por *Thomas Mortensen
Desconcertados sobre por qué y cómo las zonas cocaleras en Bolivia no tienen los mismos niveles de violencia y criminalidad que viven sus comunidades, ocho lideresas/líderes campesinas/os de diferentes zonas cocaleras en Colombia de ANZORC y COCCAM hicieron un viaje de estudio para investigar la situación en Bolivia.
Los contrastes que vieron entre los dos países son enormes. En Colombia, organizarse para dialogar con el Estado y promover la sustitución voluntaria es peligroso. Los integrantes de COCCAM, que promueve la sustitución voluntaria, son constantemente perseguidos y hasta la fecha han sido asesinados 49 de sus integrantes. En cambio, en las zonas que visitamos en Bolivia (Chapare y Yungas) han logrado construir mecanismos políticos, en los cuales las organizaciones campesinas juegan un papel fundamental, para un trato pacifico de los desacuerdos políticos. En Bolivia no existen ni grupos insurgentes, ni carteles de droga y las relaciones entre cocaleros y las fuerzas armadas son mucho más pacíficas. Es más, la delegación colombiana estaba sorprendida de ver como un coronel del Ejército fue amable con los agricultores bolivianos – compartiendo una comida juntos y viajando en el mismo vehículo que ellas/os – algo que sería extremadamente raro en Colombia. La delegación acompañó a un equipo de las fuerzas armadas bolivianas en un ejercicio de erradicación. A diferencia de la actuación típicamente represiva en Colombia, fueron los mismos sindicatos bolivianos los que identificaron los lugares en los que había una producción excesiva de coca para que miembros de la fuerza armada luego pudieran erradicar. En Bolivia existe un nivel alto de autoconsumo de hojas de coca, pero la política pública es limitar su producción para prevenir que se destinen para la producción de cocaína.
Otro contraste fue ver como las comunidades que viven en zonas cocaleras tienen mejores condiciones de vida. La presencia estatal va mucho más allá de la presencia de fuerzas armadas como es el caso en muchas zonas cocaleras de Colombia. En Bolivia las comunidades en zonas cocaleras tienen buen acceso a servicios públicos, incluyendo a crédito y asistencia técnica agrícola, y la infraestructura (buenas carreteras, electricidad, etc.) es muy buena.
En cuanto a la agenda de lucha contra las drogas que tanto prioriza el Gobierno Colombiano, el modelo boliviano también ha sido más exitoso. En Colombia, la extensión de los cultivos de coca sigue creciendo y en 2017 llegó a 171.000 hectáreas según UNODC, mientras en Bolivia ha bajado de 31.000 a unos 20 – 22.000 hectáreas.
En otras palabras, en Bolivia hay menos violencia, menos cultivos de coca y mejores condiciones de vida en zonas cocaleras. La producción de cocaína también es menor, aunque no han logrado acabar con este problema pues no todas las hojas de coca son para autoconsumo – una parte va para la producción de cocaína.
En su análisis la delegación colombiana destacó dos explicaciones del éxito relativo en Bolivia. En primer lugar, parece que uno de los factores claves para mitigar la violencia y la actividad delictiva, es el papel, usualmente ignorado, de la intermediación en las comunidades campesinas de organizaciones campesinas no estatales, que permite que los hogares marginados hagan valer sus intereses en las interacciones con el Estado y las estructuras de mercado. Además, las organizaciones campesinas bolivianas tienen una fuerte participación de mujeres. Esta participación es importante porque asegura que representan y luchan por los derechos de todas y todos. En segundo lugar, la seguridad en la tenencia de la tierra, el acceso a los servicios públicos y la diversificación de las economías locales que hacen que la tierra y la mano de obra se alejen de la producción ilícita de coca y que podrían hacer frente a los factores que atraen al comercio ilícito a los campesinos pobres, incluyendo a los trabajadores rurales desempleados y subempleados.
Es importante enfatizar que las lecciones aprendidas de Bolivia tendrían que ser ajustadas al contexto colombiano pues hay diferencias grandes entre los dos países. Una diferencia principal es que en Bolivia existe un consumo tradicional y extenso de la hoja de coca mientras en Colombia el consumo tradicional es común solamente en un número reducido de comunidades indígenas. Por el consumo tradicional de la hoja de coca, en Bolivia han introducido un sistema según el cual cada familia puede legalmente producir y vender una cierta cantidad de hojas de coca – el famoso cato (1600 m2).
La delegación colombiana volvió a Colombia con la reafirmación de que la existencia de organizaciones campesinas no-estatales, como ANZORC, COCCAM, ASCAMCAT, ACVC, etc., es fundamental para representar los intereses de los campesinos en la construcción e implementación de políticas públicas más humanas y más eficientes. Tiene lógica pues como se ha visto en Colombia es imposible que las autoridades estatales se pongan de acuerdo con cientos de miles de familias campesinas. Se necesitan organizaciones campesinas fuertes no solamente para representar los intereses del campesinado en la interlocución con el Estado, sino también para luego hacer cumplir los acuerdos, como se vio en Bolivia cuando acompañamos un ejercicio de erradicación.
Otra conclusión importante era la necesidad de ser pragmáticos en la búsqueda de soluciones al narcotráfico. El narcotráfico es un problema complejo y ante la no existencia de una solución mágica, hay que aprender de la actitud pragmática de Bolivia pues les ha ido mucho mejor que en Colombia. Puede ser que la política boliviana no es perfecta – no todas las hojas de coca son para autoconsumo pues una parte va para la producción de cocaína – pero la política boliviana es definitivamente mejor que la política antidrogas colombiana. La violencia es mucho menor, las comunidades viven mejor y se produce menos cocaína.
