Foto: CUT Bogotá
La Universidad Autónoma de Colombia presenta una situación financiera crítica desde 2018: sus profesores han denunciado la falta de pagos en la seguridad social desde diciembre, y deudas en pagos salariales para todos los trabajadores en la Institución desde marzo de este año. Esta situación llevó a una huelga de trabajadores que completa 46 días; pero el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dice que no tiene las herramientas para sacar a la Universidad de la crisis.
La Universidad gasta más de 7.500 millones de pesos en pagos a fundadores
La situación de la Universidad había sido denunciada anteriormente en Contagio Radio; en su momento, los profesores dijeron que hace más de un año iniciaron los retrasos en el pago de sus salarios. A finales de 2018 la situación se agravó, y los profesores dejaron de percibir el pago de su seguridad social; luego, en febrero dejaron de recibir salarios, situación que se repitió con el resto de trabajadores de la Universidad desde marzo.
Ante los incumplimientos, los profesores entraron en asamblea permanente. Pero la administración de la Universidad se negó a buscar soluciones al problema, así que también los estudiantes iniciaron una huelga de hambre, que está a punto de alcanzar 2 semanas. (Le puede interesar: «Universidad Distrital sin presupuesto para el 2018 y con déficit de 12 mil millones»)
Santiago Zanabria, estudiante de derecho de noveno semestre y uno de los huelguistas, explicó que la crisis es profunda porque la administración de la Universidad solo vela por los intereses de los fundadores de la Institución y el MEN guardó silencio mientras todo ocurría. De acuerdo al Estudiante, «la universidad solo está invirtiendo en contratos que cuestan más de 10 millones de pesos para amigos; el 14% de ingreso anual se va para pagar a fundadores o hijos de fundadores de la Universidad: es decir, unos 7.500 millones de pesos».
El MEN no tiene herramientas para encontrar soluciones a la crisis
Zanabria aseveró que los estudiantes no tienen control fiscal sobre lo que se hace con los dineros de las matrículas, y aunque desde el Ministerio se designó un inspector ‘in situ’, el mismo funcionario ha dicho que no tiene herramientas suficientes para salvaguardar los derechos de los más de 4.600 estudiantes de la Universidad Autónoma. Para el Estudiante, lo más grave de la situación es que el problema de su Alma Mater se podría repetir en otras Instituciones como la San Martín, INCA y la CUN, «que también están incumpliendo con los pagos» a sus funcionarios.
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