El ministro de Defensa Diego Molano. Fotografía Colprensa.
Se llevó, a cabo en la mañana del 4 de mayo, una rueda de prensa sobre la masacre de civiles en Puerto Leguízamo, Putumayo, convocada por los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Angélica Lozano, con el fin de entregar información y anunciar acciones contra el propio Molano por su inasistencia en el debate de control político en el Senado.
El debate, con tema el operativo militar que causó la muerte de 11 personas y agendado para el día 3 de mayo, fue aplazado porque el ministro anunció su ausencia alegando la necesidad de atender asuntos extraordinarios de seguridad en Orinoquía.
“Llevamos a cabo la rueda de prensa por la manera irrespetuosa con la que el señor Ministro Molano ha querido desacatar una citación hecha en virtud del Estatuto de Oposición para que responda por unos hechos que se consideran especialmente graves y que tienen que ver con una masacre y un episodio de falsos positivos”, afirmó el Senador verde Antonio Sanguino.
En la rueda de prensa se presentaron 9 “mentiras” producidas por el ministro de Defensa y el Ejército Nacional sobre el operativo militar llevado a cabo en la vereda El Alto Remanso en el contexto de un bazar comunitario, y que tenía como objetivo, según las Fuerzas Militares, localizar a alias «Bruno», perteneciente a la estructura de los Comandos de Frontera.
Las 9 mentiras
- “Las cifras y los civiles muertos”. No se ha demostrado en ninguna de las explicaciones dadas por el Ministro Molano y los mandos militares la vinculación de las personas asesinadas con una organización armada ilegal;
- “4 criminales capturados”. No existe ninguna investigación, ni solicitud de abertura de un proceso, contra los heridos presentados como criminales;
- “no hubo combate”, en contraposición con las declaraciones del general Édgar Alberto Rodríguez que señaló que en la operación el ejército se enfrentó con los integrantes de los Comandos de Frontera;
- “las mentiras de la inteligencia militar”: alias “Bruno” no era un objetivo de alto valor que hubiese justificado semejante operativo. Además, ninguna de las 11 personas asesinadas, presentadas como bajas en combate, aparecía en el organismo presentado por la Fuerza Pública;
- “manipulación de la escena y de los cuerpos de las víctimas”. Fusiles y armamientos fueron colocados a varias de las personas asesinadas y los cuerpos se encontraban agrupados y alineados cuando el CTI llegó al lugar;
- “la Fiscalía y el CTI no llegaron a tiempo”. Hay una diferencia de 4 horas entre la versión oficial y las actas de inspección técnica a los cadáveres realizadas por el CTI;
- “era un bazar cocalero”. La invitación oficial al bazar comunitario fue manipulada para hacerla pasar como producida por los Comandos de Frontera;
- “usar una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo para justificar el operativo militar”. Sobre el tema la propia Defensoría señaló: “las AT no son documentos de seguridad nacional o de inteligencia, sino instrumentos de prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos de la población civil”;
- “respeto al DIH” por parte de las fuerzas militares. Lo ocurrido es un crimen de guerra según el artículo 8 del Estatuto de Roma.
Las acciones que seguirán
Los 9 hechos iban a ser presentados en el debate de control político aplazado por la ausencia del ministro Molano. Sin embargo, los senadores anunciaron la intención de acudir al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias “para que esta relatoría haga las investigaciones en terreno”.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y su representante en Colombia, Juliette de Rivero, serán además notificadas con la misma comunicación que llegará al Relator Especial; asimismo acudirán ante el sistema interamericano de los DDHH de la Comisión Interamericana para que la entidad verifique las denuncias y las incoherencias presentadas en la versión oficial de los hechos.
Puerto Leguízamo no es un caso aislado
El Senador Iván Cepeda presentó, por otro lado, hechos y situaciones “que tienen una muy clara similitud en relación con lo que vimos el 28 de marzo (…) que hacen incontrovertible la tesis que en este gobierno se han convertido de manera sistemática los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra conocidos como falsos positivos”.
Denunció, de hecho, dos ulteriores asesinatos de civiles en operaciones militares. El primer caso se remonta a marzo 2021 en Montes de María, donde un operativo militar dirigido contra el Clan del Golfo produjo la muerte de Rafael Mesa, inicialmente dado como baja en combate y como integrante del grupo paramilitar.
El segundo caso está relacionado con la operación «Artemisia», llevada a cabo el pasado 5 de marzo en el Cabildo indígena La Esperanza en San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde perdió la vida un campesino, Julián Suarez, asesinado por el ejército.
En ambos los casos las autoridades afirmaron que los muertos estaban vinculados a grupos militares o que habían atacado primero a la Fuerza Pública, patrón que demuestra la continuidad del fenómeno de los “falsos positivos”, más allá de la operación en Puerto Leguízamo.
Esta situación está incorporada en la política de seguridad de este gobierno, que es una repetición de la política de “seguridad democrática” que padecimos bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Senador Iván Cepeda
La votación de la moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano, agendada para la tarde del 4 de mayo, no ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. “En todo caso, a juicio nuestro, si el ministro Molano se salva de la moción de censura, nosotros creemos que un ministro de la Defensa que mienta de esta manera sobre hechos especialmente graves, que vulneran el derecho a la vida, los derechos humanos, que violan el derecho humanitario, no puede seguir siendo el ministro de la Defensa de Colombia”.
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