Mayo 2021. Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.
El mes de mayo seguía siendo marcado por violencias. Colombia empezaba a ser monitoreada internacionalmente por las medidas represivas con las que el Gobierno se estaba enfrentando al Paro Nacional. El mes entero fue atravesado por la coyuntura de las protestas que se convirtieron en un tema central en el panorama nacional. Fuertes críticas acerca de violaciones de derechos humanos de los manifestantes no tardaron en llegar desde todas partes del mundo.
Ya a partir de principios de mayo 17, congresistas emitían una acción urgente nacional relacionada con los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en el marco del paro nacional. Exigían al Gobierno nacional que se garantizaran los derechos a la libre expresión y manifestación por parte de los ciudadanos. En cumplimiento de la ley invitaban a terminar la campaña de estigmatización y desprestigio que según ellos se venía adelantando contra la movilización del Paro Nacional.
17 congresistas emitieron acción urgente por violencia policial en Paro Nacional
Apoyo al Paro y el retiro de la Reforma Tributaria
Mientras tanto el movimiento de Paro Nacional ganaba apoyo de múltiples sectores sociales. Campesinos y campesinas de todas partes del país, manifestaban su apoyo y respaldo a todos los ciudadanos y ciudadanas que se estaban movilizando en el marco de las protestas. El retiro de la Reforma Tributaria por parte del Gobierno, presionado por las masivas manifestaciones, no desactivó la movilización. Como afirmaba el Comité Nacional de Paro, dentro de las peticiones que hacían parte del pliego de exigencias estaban también: el cese de las masacres y de las muertes de líderes sociales, la desmilitarización de las ciudades y las garantías del derecho a la protesta.
Retiro de la Reforma Tributaria no desactiva el Paro Nacional
Denuncias internacionales, los hechos de Cali y Bogotá, y montajes judiciales.
Una de las primeras reacciones al brutal operado de represión llegaba desde Estados Unidos: la Oficina en Washington para América Latina pidió al gobierno de Joe Biden, y al Congreso de Estados Unidos, suspender la venta de materiales antidisturbios a Colombia y aseguró que apoyar al ESMAD era una violación a la ley de ese país. Cali, epicentro del Paro Nacional, seguía viviendo una difícil situación.
En la noche del 3 de mayo los barrios Siloé, La Luna y Ciudad Jardín fueron escenario de varios hechos que atentaron contra los DDHH. La comunidad fue reprimida violentamente por las Fuerzas Militares, Policía y ESMAD. Tres jóvenes perdieron la vida tras ser heridos con armas de fuegos en lo que se volvió una masacre.
En los mismos días en Bogotá, en el Portal de Transmilenio las Américas se denunciaban asimismo violaciones de DDHH. Organizaciones de derechos humanos rechazaban la militarización de 18 puntos donde se congregaban los manifestantes en la ciudad de Bogotá y que contribuían a que las violaciones se intensificaran contra los manifestantes. Tras este episodio la zona occidental de Bogotá se declaraba Zona Humanitaria.
Al pueblo de Cali le están tirando a matar: Defensores de DDHH
Bogotá: noche violenta en el Portal de las Américas
La ONU empezaba a pronunciarse frente a la situación de violencia y uso excesivo de la fuerza que se vivía en el País. Mientras tanto, algunas encuestas revelaban que el 75,1% de los que expresaron su opinión apoyaba el Paro Nacional. Uno de los mecanismos usados para reprimir a los manifestantes pacíficos ha sido desde el principio de las protestas el montaje judicial, que se iniciaba con la estigmatización y ambientación contra los jóvenes por parte de los oficiales policiales. De acuerdo a un reporte de Temblores ONG, desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo, se registraban 1.055 detenciones arbitrarias, 2.110 casos de violencia policial, 362 víctimas de violencia física, y 39 víctimas de violencia homicida.
La protesta un escenario para montajes judiciales
Tras la ONU otras organizaciones de defensa de DDHH denunciaron la situación que estaba viviendo Colombia. Amnistía Internacional hizo un llamado urgente para que Estados Unidos dejara, de inmediato, de aprovisionar armas, vehículos, municiones o tecnologías que estaban siendo usadas en el Paro Nacional ya que estaban relacionadas con violaciones de DDHH. Otra situación de consistentes represiones fue vivida en la noche del 18 de mayo en Bogotá, cuando 80 manifestantes fueron heridos por parte del ESMAD. El día siguiente otras 30 personas también fueron víctimas de las agresiones por parte de la Policía. Continuaban las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en la localidad de Kennedy, especialmente en los alrededores del Portal Resistencia. También se alertaba sobre las graves denuncias de abuso sexual contra menores de edad dentro de los baños o buses alimentadores del Portal de Transmilenio.
Denuncian al menos 110 heridos en dos noches de represión en Portal Resistencia
El balance tras un mes de Paro Nacional y la intervención de la CIDH
Cuando se cumplía un mes de Paro Nacional, algunas organizaciones anunciaban el balance de las vulneraciones de DDHH en contra de la protesta pacífica. Las cifras reveladas eran más que preocupantes: las denuncias ascendían a 5320 vulneraciones. Según la campaña en ese mes de movilizaciones se habían presentado 59 homicidios, lo que indicaba que el uso de las armas de fuego en contra de la protesta había sido sistemático. 27 personas habían estado asesinadas por «civiles» sin identificar, lo que abría otro problema: la actuación de tipo paramilitar que se estaba dando en la represión de la protesta.
De hecho, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, coincidían en señalar que habían recibido información en torno a que se registraban personas civiles disparando ante integrantes de la fuerza pública, los que no evitaron ni detuvieron a los armados. Analistas señalaban que la opción tomada por el Gobierno de militarizar las ciudades y los departamentos solamente agudizaría la indignación. Sin embargo, quedaban opciones como salidas a la crisis, una de ellas era atender el llamado de la comunidad internacional para investigar, sancionar y dialogar.
En un mes de Paro Nacional denuncian 5320 vulneraciones a los DDHH
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaraba que habría empezado su visita de trabajo en el territorio colombiano. Se contemplaba una reunión entre el organismo de verificación y el Gobierno Nacional en la que el Gobierno habría entregado información oficial de la situación de DDHH en el marco del Paro Nacional. Inicialmente la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, se había mostrado reticente a la visita de la CIDH, cuya solicitud tenía que ver con las violaciones de DDHH en medio de las protestas. Los puntos sobre los cuales se pedía información eran: desapariciones, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, civiles armados protegidos por policías.
