El juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo (Putumayo) suspendió la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, que estaba programada para el 1 de agosto, y envío el expediente a la Corte Constitucional para que defina un supuesto conflicto de competencias.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. El 27 de julio, el juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo (Putumayo) suspendió la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, programada para el 1 de agosto, contra 25 militares involucrados en la masacre de Alto Remanso, en el mismo municipio, ocurrida el 28 de marzo de 2022 cuando se cumplía el tercer día de un bazar comunitario. Once civiles fueron asesinados en medio de un operativo militar que, según las versiones del gobierno del expresidente Iván Duque, estaba dirigido contra disidentes de las Farc.
Esta decisión se tomó haciendo eco a una petición de la defensa de los uniformados que advertía un conflicto de competencia, pues estos piden que el caso pase a la Justicia Penal Militar. La Corte Constitucional entrará a dirimir bajo qué jurisdicción se deberán investigar y juzgar.
El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, le dijo a Sigue La W que hay que respetar la independencia judicial y que debe ser la Corte Constitucional la que defina si es la justicia ordinaria o la Justicia Penal Militar la que juzgue a los 25 militares.
“Debemos ser respetuosos de la independencia judicial y son los jueces, y la Corte (a los que les corresponde) fallar y juzgar sobre este conflicto. Confiamos en que tomarán la mejor decisión posible a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que limitan foro penal militar para casos de violaciones de Derechos Humanos”.
Por su parte, el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en un documento, señala que no existe conflicto de competencias y que sería un “exabrupto” pedirle a la Corte Constitucional que entre a definir esto, toda vez que se podría correr el riesgo de que se venzan los términos.
Para Mayerli Oliva, familiar de una de las once personas que fueron asesinadas en la masacre, en entrevista con la W, aseguró: “no sabía que la defensa de los militares involucrados estuviera buscando trasladar el caso a la Justicia Penal Militar” y advirtió: “Ellos se van a refugiar mucho en la justicia militar, entonces eso quedará impune. (…) Serán años y años, serán otros falsos positivos más”.
La coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Yuri Quintero, también cree que la suspensión de la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra los 25 militares involucrados en la masacre podría derivar en que el caso quede impune y aseguró que no argumentos de peso para solicitar el traslado de jurisdicción.
